L
a jueza Civil de Ushuaia María Adriana Rapossi, involucrada en el caso de las sentencias copiadas que reveló EDFM la semana pasada, tuvo ayer un día de suerte.
Por un lado el Consejo de la Magistratura resolvió no actuar de oficio y por lo tanto no abrir una investigación acerca de su desempeño, al menos hasta que exista una denuncia concreta o se expida el Superior Tribunal de Justicia.
Por otra parte, trascendió que el directorio del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) le concedió a la magistrada su jubilación ordinaria, con lo que si quisiera podría acogerse a ese beneficio y evitar cualquier tipo de análisis de su conducta funcional.
Además, el presidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, Amadeo Capelli, se sumó a la posición adoptada por su par de Río Grande, Francisco Giménez, y relativizó tanto la gravedad de lo sucedido con las sentencias copiadas, como las responsabilidades personales de Rapossi en el hecho.
De este modo, queda abierta una sola instancia de investigación por el escándalo que desató la aparición de un fallo firmado por la jueza, con idéntico texto que uno dictado dos años antes por otro juez, en una causa por abuso de menores. Se trata del sumario administrativo instruido en ámbito de la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal, a raíz de una presentación efectuada por la misma magistrada a las pocas horas de que el caso se hiciera público.
Jubilación oportuna
Este diario reveló la aparición de los pronunciamientos judiciales mellizos en su edición del martes 26 de junio.
La conducción del IPAUSS tomó la decisión de concederle la jubilación a Rapossi el jueves 28, es decir 48 horas después de que el tema de los fallos idénticos se hiciera público y en medio de la ola de repercusiones que el episodio generó.
La medida adoptada a través de la resolución 802/12 es polémica por el momento en que se produjo: si bien la magistrada venía tramitando el beneficio jubilatorio desde hacía tiempo, se lo otorgaron cuando estalló un caso donde podría resultar investigada en su desempeño.
De todos modos, la concesión del beneficio no implica que la jubilación comience a regir de inmediato, explicaron fuentes del Instituto. Rapossi podrá seguir ejerciendo el cargo hasta que presente su renuncia y ésta sea aceptada. En la provincia hay otros casos de funcionarios públicos con jubilaciones otorgadas que continúan en funciones mientras no renuncien.
“Con la jubilación concedida se tiene el reaseguro de poder retirarse cuando se lo desee, salvo que la renuncia no sea aceptada por el tema de la investigación, algo que depende en este caso del Consejo de la Magistratura”, agregaron las fuentes consultadas.
Ninguna actuación de oficio
El Consejo de la Magistratura, órgano natural de investigación del desempeño de los jueces, se reunió ayer a las 17 en su sede de avenida Alem.
Si bien el temario incluía solamente la elección del nuevo juez Correccional de Ushuaia, el encuentro había adquirido expectativa ante la posibilidad de que los consejeros actuaran de oficio por el caso Rapossi.
De hecho, el legislador oficialista Fabio Marinello había declarado que el asunto sería abordado en la próxima reunión del cuerpo. También había calificado de “grave” la aparición de la sentencia copiada y había remarcado las presuntas responsabilidades personales de la jueza Civil.
Sin embargo, en la reunión de ayer Marinello apenas le preguntó al presidente del cuerpo, el miembro del Superior Tribunal Javier Muchnik, si era cierto que se había iniciado el sumario interno a pedido de la jueza. Muchnik contestó que sí, y que llegado el caso podían notificar de las conclusiones al Consejo.
Ante ello el legislador quedó conforme. No hizo ninguna otra petición y el tema se dio por terminado.
“Yo simplemente había manifestado públicamente que iba a plantear el tema en el recinto del Consejo para que me dijeran cómo se procedía en estos casos. Así que me informó el presidente del cuerpo que desde el Superior Tribunal, y a pedido de la jueza (Rapossi) se ha iniciado una investigación sumaria. Por lo tanto veremos lo que arroja esta investigación y seguiremos los pasos que haya que seguir una vez que contemos con más elementos para merituar”, declaró Marinello una vez terminado el encuentro.
El parlamentario consideró ahora que “en la elaboración de sentencias, si no me equivoco, es una práctica común que intervengan relatores o secretarios para que asistan o ayuden al juez”, aunque advirtió que “el juez antes de firmar tiene que chequear lo que firma”.
“Habrá que ver lo que manifiesta la doctora y qué es lo que sucedió. No podemos hablar de algo que desconocemos. Hay que ser serios”, dijo el legislador del PSP, desconociendo que es el Consejo el organismo encargado de investigar inconductas funcionales de los jueces, y no el Superior Tribunal.
Nueva jueza Correccional
El Consejo de la Magistratura seleccionó ayer a la abogada Felicitas Maiztegui Marcó como nueva jueza Correccional de Ushuaia, cargo que estaba vacante desde el nombramiento de Maximiliano García Arpón como integrante del Tribunal Oral.
Maiztegui Marcó, quien actualmente se desempeñaba como relatora del Superior Tribunal, fue elegida por el voto definitorio que aportó el juez de ese mismo tribunal, Javier Muchnik.
Es que la última ronda de votaciones arrojó un empate en cinco votos con el candidato Gustavo Daniel Curtale, actual fiscal del distrito sur. Muchnik desempató en su calidad de presidente del Consejo.
