El ex integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Claudio Ricciutti, afirmó ayer que el Poder Judicial actuó “condicionado por el poder político” cuando rechazó la semana pasada el recurso de casación presentado contra la decisión de la Legislatura de destituirlo del cargo por mal desempeño en 2010.
A su vez, Ricciutti confirmó que recurrirá el fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario o un recurso de queja, y dijo que aunque resulte un proceso “tortuoso y oneroso” defenderá su postura hasta las últimas consecuencias “por cuestiones institucionales más que personales”.
Según el ex vocal del organismo de control, a quien destituyeron bajo la acusación de cobrar un sueldo mayor al permitido por la ley, la Justicia sufre condicionamientos de tipo económico para resolver en este tipo de causas.
“Cuando el Superior Tribunal declaró inconstitucional la bochornosa ley que convalidó el primer convenio con los chinos, recibió un mensaje marcado a fuego: le bajaron 40 millones de pesos su presupuesto. No me cabe ninguna duda que en mi caso la Justicia actuó condicionada”, aseveró el contador y abogado al referirse al reciente pronunciamiento de la Corte provincial.
Por otra parte, Ricciutti cuestionó que tratándose de la destitución de un miembro del Tribunal de Cuentas “removido por una causa imbécil”, haya votado uno solo de los integrantes del STJ, mientras que “los demás adhirieron a ese voto en un renglón y medio”.
Para el ex funcionario, influyó el “efecto atemorizante que produjo mi destitución del cargo y que hace desistir a cualquiera de meter los dedos en el enchufe”.
“Si fuera por una cuestión personal le aseguro que no iría a la Suprema Corte, porque cuando se trate la cuestión de mi inhabilitación para ejercer cargos, seguramente ya habrán transcurrido los 5 años de mi condena. Pero lo hago por una cuestión institucional y porque no hay plata en el mundo que pague la angustia que me han hecho vivir en este tiempo”, se sinceró el ex vocal del TCP en dialogo con un periodista de EDFM.

De imparciales y mensajeros

En referencia a la sentencia de la Justicia que confirmó su destitución, Ricciutti dijo que se trata de un fallo “sibilino”, por su carácter oscuro o ambiguo, y criticó que “no haya querido advertir la garantía más sagrada que tiene cualquier ciudadano como es ser juzgado por jueces imparciales”.
Es que según el ex funcionario, de los quince legisladores que lo juzgaron, catorce tenían motivos suficientes para apartarse de esa función porque no podían ser objetivos en su evaluación, debido a múltiples factores. “Por ejemplo varios de ellos habían cumplido funciones en la administración y fueron controlados por quien estaba siendo juzgado en ese momento, y habían recibido multas o acusaciones en juicios de responsabilidad. Ello sin contar que todos tenían una postura contraria a la mía en temas como la suscripción del convenio chino o la licitación del área petrolera CA 12”, recordó Ricciutti.
El ex vocal del organismo de contralor también insistió en que un grupo de esos legisladores le enviaron un mensajero a su casa, para avisarle que si renunciaba al cargo no avanzaban en el juicio político, al tiempo que “otro de los miembros del Tribunal de Cuentas había sido citado por un funcionario del Poder Ejecutivo para decirle que sólo iban a destituir a Riciutti”.
Por otra parte, en cuanto al criterio (avalado ahora por la Justicia) de que antes de fijarse un sueldo mayor al indicado por ley, el contador debió presentar una acción declarativa de certeza en la Justicia, Ricciutti dijo que ello no tiene sentido porque “no había ningún estado de incertidumbre”.
“La legislación estaba siendo aplicada, no había dudas respecto de su interpretación. Y así había sido durante 17 años sin que a nadie, ni a la Fiscalía de Estado ni a la propia Legislatura, le pareciera mal”, aseguró el ex vocal. Y agregó que “también la Legislatura actual me dio la razón porque cuando presentaron una modificación legal y referenciaron el sueldo de un integrante del Tribunal de Cuentas al del Gobernador (90%) estos funcionarios pasaron a ganar lo mismo que en proporción ganaban en 1994, cuando cobraban un porcentaje del sueldo de la dieta de un legislador más el adicional por título”, argumentó.