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Guillemo Worman
La Legislatura provincial acaba de poner al desnudo el vergonzoso concepto de democracia que sostienen la gran mayoría de los actuales legisladores. Sin miramientos, actuando como si estuviésemos en pleno siglo XIX, se votó sobre tablas la designación del tercer integrante del órgano constitucional de control de las cuentas públicas de Tierra del Fuego. Esto impone una seria restricción a la defensa de los intereses colectivos y habla de decisiones en donde sólo se protegen acciones poco claras.
Los cuestionamientos no son hacía el profesional votado sino en dirección del modo utilizado por los legisladores provinciales. A Hugo Pani lo metieron a escondidas, y por una de las ventanas habilitadas para hacerlo.
Como era de prever, los pocos electos que se animaron a dar la cara intentaron defender un asunto imposible de sostener en tiempos en donde la ciudadanía espera otra cosa de la política pública. Sin embargo, lo hicieron.
Toda la actuación fue una desmesura en contra de los principios de transparencia, acceso a la información y libertad de expresión. Salvo los catorce legisladores presentes, ningún otro integrante de la comunidad fueguina pudo ejercer el más mínimo derecho a debatir públicamente una decisión tan trascendente. Esto habla de un serio destrato hacía el pueblo de Tierra del Fuego.
Cuando la dirigencia se comporta de esta manera se envía un claro mensaje a la sociedad. En principio, trata a los electores como ignorantes y subestima la capacidad de comprensión política de la comunidad toda. El ejemplo es una clara muestra de por qué la sociedad, en general, percibe que la política es una zona de cochinerías. Así, cualquier ser racional se aleja en lugar de acercarse a la esfera en donde se debaten y resuelven los grandes asuntos colectivos (la política).
Expuestos a la luz del sol
Hace años ya, cuando empezaron los debates para reconocer el derecho al acceso a la información pública se utilizó un ejemplo fácil de percibir. Se habló de “la luz del sol como el mejor desinfectante”. Todos estos debates plantearon que la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información no estaban para proteger a los gobiernos sino, muy por el contrario, para dotar de mayores posibilidades a los gobernados. Se entendió, desde entonces, que el valor era desnudar los secretos de los gobiernos e informar al pueblo de las patrañas que pudieran cometer los gobernantes. Por eso la información es un derecho y la libertad de expresión un deber de garantizar.
¿Cómo se da cumplimiento a semejante desafío, cuando una legislatura elige a una alta autoridad en medio de una zancadilla? Varios legisladores, entre ellos la oficialista Amanda Del Corro, integrante de un partido que enarboló las más altas banderas en defensa de los interés de la republica, explicitaron que no existió difusión alguna sobre la designación y que todo el trámite previo transcurrió dentro de los despachos de los legisladores que coronaron al futuro integrante del triunvirato que conduce el organismo clave para el control de la cuentas públicas. Esto no dista mucho del trámite para la elección de un Sumo Pontífice: cardenales recluidos y en el mayor de los secretos. La diferencia consiste en que los legisladores no integran el Colegio cardenalicio, y que en lugar de purpurados deben comportarse como representantes de un pueblo que los votó. Es la menuda diferencia.
Más allá de todo lo dicho hasta ahora, lo sucedido en torno a la votación de Hugo Pani tiene un peligroso condimento a tener en cuenta. Cuando el Estado procede como operó la Legislatura en su última sesión recae en un sutil y perverso acto de censura previa. Se le prohíbe de antemano algo a la sociedad. En este caso, a conocer los pormenores de un acto público.
Aclaremos que todo el trámite fue legal porque el reglamento legislativo está intencionalmente preparado para poder actuar, toda vez que lo consideren necesario (está vez les hizo falta), dentro de un cono de sombra y discresionalidad.
Actuando como la Sagrada Inquisición, los legisladores decidieron por todos nosotros cuál era la información a la que podíamos acceder y resolver el tipo datos que pueden llegar a manos de la ciudadanía. Hoy no prohiben leer a René Descartes. Sólo censuran el acceso público a los antecedentes y la justificación para votar a Hugo Pani en un cargo que tiene inamovilidad y poder extremo en el control de las finanzas públicas fueguinas.
Demás está explicar que, quizás como un acto de fe, varios de los parlamentarios encomendaron tamaña función a una persona que nunca tuvieron el gusto de conocer.
