E
n una acción que no tuvo otro vocero más que las suposiciones del presidente de la Dirección Provincial de Puertos de la Provincia, Jorge Rodríguez, la gestión de la gobernadora María Fabiana Ríos modificó este viernes 28 el criterio aplicado el 27 de febrero de este año, cuando interpretando la ley 852 “Gaucho Rivero” resolvió impedir el amarre de los buques turísticos ingleses, Star Princess y Adonia (el primero de bandera de Bahamas y el segundo del Reino Unido), por venir de Malvinas. Esta vez, el fundamento de la Mandataria transmitido por el Presidente de Puertos a este medio de prensa en exclusiva fue el siguiente: que los cruceros que los propios británicos dicen que de su propiedad, “no son ingleses”.
La posición británica se conocía también este mismo viernes 28, horas antes de que los barcos de turismo Seabourn Sojourn y Star Princes amarraran sin inconvenientes en el Puerto de Ushuaia. La información difundida era la siguiente: “El secretario de Estado para los asuntos del Commonwealth (en Argentina), Hugo Swire, expresó una «inequívoca condena» a los intentos por “intimidar a compañías” de cruceros por parte de la Argentina”.
“El gobierno británico lamenta profundamente que elementos de la Argentina hayan tomado recientemente acciones dirigidas a interferir en la visita de cruceros a las Falklands (Malvinas)”, señaló Swire.
Por esa misma causa, el pasado lunes 3 la diplomacia inglesa convocó a la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, quien con el apoyo contundente y explícito de nueve países de la región: Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Bolivariana de Venezuela y Uruguay, rechazaba una denuncia del Reino Unido sobre la seguridad marítima en aguas argentinas y a la navegación de buques con bandera británica y de las Islas Malvinas que ingresan en los puertos argentinos.
En esa misma jornada, mientras se desarrollaba el 91º período de sesiones del Comité de Seguridad Marítima, donde la denuncia del Reino Unido no recogió ninguna adhesión dentro de los 170 países presentes, Alicia Castro defendía la posición que había encabezado Tierra del Fuego al expresar que “las legislaciones provinciales aludidas por el Reino Unido que regulan la navegación de cabotaje entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, tienen por objeto proteger los recursos naturales bajo su soberanía y jurisdicción y rechazar las ilegítimas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas en la plataforma continental argentina”.
Pese a ello y sin otra explicación que las interpretaciones de las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos, quienes suponen la existencia de una “confusión” de parte de la Gobernadora cuando el pasado 27 de febrero ordenó impedir el amarre de esos dos cruceros, al haber interpretado que la empresa “Princess Line, era inglesa cuando no lo es”; este viernes 28 amarraron previo a continuar a Malvinas, vía Puerto Williams (Chile) el Seabourn Sojourn y Star Princes (esta última perteneciente a la Princess Line).
Ingleses pero no tanto
Las suposiciones o creencias del presidente del organismo y de dos de sus directores generales, de Puertos Gustavo de Robles y de Seguridad Néstor Lagraña; no alcanzan para interpretar la magnitud del cambio de postura en materia de política internacional de la Gobernadora, toda vez que bajo las mismas circunstancias y estando vigente en todos sus términos la Ley Provincial N° 852, el gobierno de la provincia resuelve de manera diferente. Más aún cuando el propio Ministro Jefe de Gabinete Guillermo Aramburu aseguró el martes 18 por la tarde (información publicada por EDFM el miércoles 19), no solo que la Ley estaba “vigente”, sino que era “decisión de Fabiana (Ríos) seguir aplicándola de la misma forma que lo viene haciendo desde el 27 de febrero”.
El cambio de postura tiene otros ingredientes. Uno de ellos fue expuesto también por Rodríguez cuando dio a entender que estas empresas no son “mayoritariamente de capitales ingleses” sino “de capitales americanos (EEUU)”, lo que podría significar que parte de su paquete accionario sí se encuentre en poder de sociedades británicas; y la otra planteado por Gustavo de Robles, quien aseguró que Bahamas “no es más inglesa”, más allá de desconocer su forma de gobierno y que sigue formando parte del Commonwealth, lo mismo que las Islas Bermudas, que también revisten como un territorio Británico de Ultramar.
Los ingleses, las Bahamas, Bermudas y el Commonwealth
Según Wikipedia y la propia Enciclopedia Británica, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, las Bahamas estuvieron bajo la soberanía española, aunque las islas, por su situación estratégica en la “ruta del Galeón”, y por formar el archipiélago un auténtico laberinto insular, paulatinamente fueron transformándose en escondites y nidos de piratas, bucaneros y filibusteros, especialmente ingleses. Así en el siglo XVIII, los lealistas británicos que habían dejado Nueva Inglaterra, a causa de los sentimientos anti británicos existentes en aquella colonia, se trasladaron a las islas. Debido al gran número de colonos británicos en las islas, la soberanía del archipiélago se traspasó de España al Reino Unido, y las Bahamas fueron declaradas colonia británica en 1784.
En plena Segunda guerra mundial, el Duque de Windsor (tras renunciar al trono Ingles y permitir el ascenso de la Isabel II) fue nombrado Gobernador general de las Bahamas y viajó a esas islas en compañía de su esposa, la duquesa de Windsor Wallis Simpson en 1940 para ejercer ese cargo de gobernador general hasta 1945. En 1973, los habitantes de las Bahamas votaron a favor de la independencia y se declararon independientes del Reino Unido, aunque permanecieron dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).
A partir de allí, Bahamas es una monarquía constitucional hereditaria que pertenece a la Mancomunidad de Naciones, o Mancomunidad Británica de Naciones. El monarca británico, como jefe de Estado, es quien designa a su representante en el lugar, el gobernador general. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Gabinete, a cuya cabeza se encuentra el primer ministro, institución que aparece en 1955 con las primeras elecciones parlamentarias en el archipiélago.
El Poder Legislativo recae en un sistema de parlamento bicameral. Está compuesto por dieciséis miembros del Senado (nombrados por el gobernador general) y cuarenta miembros de la Cámara de Representantes, electos directamente por la población.
El Consejo Privado del Comité Judicial de Su Majestad es la más alta corte en las Bahamas; le sigue la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema con 12 jueces y las Cortes de Magistrados.
Igual que la anterior, en Bermudas el poder ejecutivo reside en el monarca y se ejerce en su nombre por el Gobernador. El gobernador es nombrado por la Reina a propuesta del Gobierno británico. El actual gobernador es sir Richard Hugh Turton Gozney KCMG CVO, que prestó juramento el 12 de diciembre de 2007. También hay un Vicegobernador (actualmente Mark Andrew Capes JP ). Las competencias de Defensa y Asuntos Exteriores siguen siendo responsabilidad de la Reino Unido, que también tiene la responsabilidad de garantizar el buen gobierno. Se debe aprobar los cambios a la Constitución de las Bermudas. Bermudas ahora existe como un Territorio Británico de Ultramar, pero es la más antigua colonia británica. En 1620, una sanción real concedía a Bermudas una limitada autonomía, por la cual se formaba el Parlamento de las Bermudas quinto más antiguo del mundo, sólo por detrás del Parlamento del Reino Unido, el Tynwald de la Isla de Man, el Althing de Islandia y el Sejm de la República de Polonia. De estos, es el único que ha reunido continuamente como una legislatura desde su inicio hasta la actualidad. (Fuentes: <http://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas>; <http://es.wikipedia.org/wiki/Bermudas>; <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/48951/The–Bahamas>; <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62295/Bermuda>.) |
