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tendiendo los inconvenientes que ocasiona la demora administrativa en la que incurre el IPAUSS al momento de tener que determinar el haber de pasividad que le corresponde a los empleados públicos que acceden al beneficio jubilatorio, la bancada legislativa de la UCR presentó un proyecto de modificación al régimen de jubilaciones y pensiones para el personal de los tres poderes del Estado provincial que apunta a tratar de corregir esa situación.
Puntualmente, la iniciativa propone que el artículo 53 de la ley 561 contemple que mientras dure el proceso de determinación de la jubilación, el Instituto deba reconocer provisionalmente, y dentro de los 30 días de solicitado por el beneficiario, en calidad de anticipo, una liquidación correspondiente al 82% del último haber percibido en actividad.
En la actualidad, el mencionado artículo concede al IPAUSS un plazo de 60 días para hacer el reconocimiento provisional y limita el monto del anticipo al 60% del último sueldo.
El tema por cierto no es menor, ya que los autores de la iniciativa indican que “a partir de octubre de 2013 “se han registrado demoras en la determinación del haber de 8 meses”. Si bien reconocen que el Directorio ha adoptado algunas medidas que han ido “reduciendo el tiempo que demanda la determinación del haber” de pasividad y que también implementó el “alta (jubilatoria) provisoria automática” para evitar que el beneficiario deba, hasta tanto se le determine el monto definitivo de su jubilación, reiterar mensualmente el pedido de anticipo de haberes, afirman que “aún subsiste el escollo del límite del 60% como monto de anticipo” y con ello una situación que “deteriora el nivel de vida que venía ostentando el ahora beneficiario”. Para evitar que ello siga ocurriendo es que proponen elevar al 82% el límite del anticipo.
Pero además los parlamentarios radicales aprovechan para criticar con dureza al directorio del IPAUSS. Sostienen que en este tema “resulta llamativa la falta de intervención del Directorio en materia de atribuciones y obligaciones que normativamente le están impuestas”. Agregan que “en efecto: la falta de gestión se ve agravada por la proliferación de presentaciones judiciales, el incremento de expedientes iniciados y por la escasa asignación de personal al área previsional” y denuncian que “a pesar de las vacantes que se han ido produciendo por renuncia, licencia, jubilación, etc. De los 20 agentes ingresados durante 2013 y los 5 del 2014, ninguno de ellos fue asignado al área previsional, y nunca se gestionó por parte del Directorio la autorización para la cobertura de vacantes”.
El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria convocada para el próximo jueves 21, y no se descarta que el asunto resulte aprobado en ese entonces.
