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or Guillermo Worman
En la mañana de ayer el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Ushuaia notificó a las partes del dictado de la sentencia en la causa caratulada “PARTICIPACION CIUDADANA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Y OTROS S/ PROTECCIÓN DE INTERESES DIFUSOS” (Expte. Nº 15447). A las pocas horas, hacia media mañana, portales de noticias y radios locales difundieron la información sobre la cuestión central de la demanda, entrevistando incluso al abogado que patrocinó la acción.
La causa se originó como consecuencia de los graves impactos que genera el profundo déficit de tratamiento que tienen los efluentes cloacales en la capital de Tierra del Fuego, y que terminaron por afectar a la totalidad de la cuenta hídrica de la ciudad. En el expediente intervinieron el Gobierno de Tierra del Fuego, la D.P.O.S.S. y el Municipio de Ushuaia.
Analizados la totalidad de los argumentos presentados por las partes, finalmente el juez Alejandro Fernández determinó distintos niveles de responsabilidad hacia cada uno de los estamentos públicos involucrados. Sintéticamente, el Gobierno debe invertir sobre la totalidad de las obras, el Municipio en el mantenimiento posterior y conjuntamente accionar a través de medidas de remediación ambiental. La D.P.O.O.S. es el brazo ejecutor del Gobierno.
La sentencia es un hito cardinal en relación a uno de los principales servicios públicos de la ciudad porque organiza funciones dentro de un profundo bache normativo, en donde ninguno de los actores públicos abarcados tenía demasiado en claro cuál era el nivel responsabilidad y jurisdicción.
Hasta aquí no hay nada que repudiar.
Por la tarde se distribuyó un curioso comunicado de prensa del PSP en donde se repudiaba la publicación humorística dentro de la sección “Quema esas fotos” del Diario del Fin del Mundo. Y la reflexión fue inevitable.
Los principales medios electrónicos, radiales, gráficos y el Canal 2 de Ushuaia reflejaron la condena dictada por el magistrado que intervino en la totalidad de las actuaciones. Solo el noticiero público provincial ocultó la información y privó a la población de interiorizarse sobre las principales medidas adoptadas sobre el eje vertebral de los conflictos ambientales que sufre la ciudad ( lo hizo durante toda la causa).
¿Qué podría ser lo reprochable? Justamente que el noticiero financiado integralmente con fondos públicos provinciales privilegie las noticias ambientales en donde el Gobierno y su séquito es denunciante, y abiertamente censure la información en donde el Estado Provincial es condenado. Participación Ciudadana nunca pudo detallar ninguno de los aspectos de la demanda, de las dos cautelares otorgadas y la sentencia en donde se condena, entre otros, al Gobierno Provincial. Por ejemplo, el Plan Director de Agua y Cloacas se presentó en incontables ocasiones.
Vale aclarar que el personal técnico y profesional del Canal 11 no son los responsables de este tipo de decisiones, sino la conducción política es quien impone el criterio editorial, a la vez que digita quiénes tienen el privilegio del micrófono público (casualmente su propia camarilla) y limita las voces que decidan acallar.
El contraste no es menor: los medios privados que reciben publicidad por parte del Municipio cubrieron ampliamente la información. Con distintos titulares o entrevistas radiales, la enorme mayoría informó sobre la condena producida hacia Gobierno, D.P.O.S.S y Municipio. La primordial herramienta para garantizar el derecho a la información de la ciudad lo encubrió.
Ocultar información de alto interés para la comunidad en un medio financiado integralmente con fondos públicos es un acto de periodismo contrario a su ejercicio “serio y comprometido”.
Bien vale entonces repudiar el uso propagandístico de un servicio público destinado a mantener informada a la población en general, justamente a aquéllos que tienen menores posibilidades de acceder a sistemas de televisación privados y que, coincidentemente, son los mayores afectados por la contaminación cloacal de la ciudad de Ushuaia,
Aquí lo repudiable: colmarse de autoelogios hacia las garantías sobre el derecho de libertad de expresión y operar en su sentido contrario.
