&
nbsp;El Consejo Provincial de la Magistratura protagonizó ayer un doble papelón institucional, al rechazar una denuncia por presuntas firmas falsificadas de jueces sin realizar nunca una pericia que descartara o corroborara el hecho denunciado, y al impedir la transmisión en vivo de la sesión donde se trataba el tema, a través de una radio de la ciudad.
Los consejeros mandaron al archivo la acusación realizada por el abogado de Buenos Aires Alberto Bovino, quien sostuvo que podían ser falsas las firmas del ex juez penal Leandro Álvarez y del actual juez del Tribunal Oral Roberto Magraner, incluidas en diferentes expedientes judiciales.
Para ello, adelantaron el tratamiento del asunto, que inicialmente se iba a concretar en la sesión del próximo 30 de septiembre, luego de que el presidente del Consejo, Gonzalo Sagastume, había dado a conocer ya un informe recomendando a sus pares no hacer lugar a la denuncia.
El detonante fue que Bovino impugnó el informe de Sagastume, al que consideró inválido, por no constituir “ninguna investigación sumaria”, como pide el procedimiento vigente, y por no haber puesto a consideración del cuerpo elementos de prueba que les permitieran a los consejeros evaluar el caso en detalle.
Como respuesta, el Consejo convocó a la sesión de ayer a las 14 en su sede de la avenida Alem, y además de rechazar la impugnación de Bovino, también mandó al archivo la denuncia de fondo.
No sólo eso. Sagastume hizo escuchar a sus pares un fragmento de una entrevista periodística realizada a Bovino (una vez conocido el informe de presidencia) y en base a ello anunció que demandará por daños y perjuicios al letrado denunciante.
Esa decir que Bovino pasó de denunciar una irregularidad grave como las firmas adulteradas de magistrados en expedientes oficiales, a ser demandado por la máxima autoridad de la Justicia, ya que Sagastume también preside el Superior Tribunal de Justicia.
Silencio de radio
El otro papelón institucional se produjo de manera simultánea con el anterior, cuando el periodista que se desempeña como móvil de exteriores de FM Master´s, Marcelo Miranda, ingresó al recinto del Consejo para transmitir en vivo el contenido de la sesión pública.
Sagastume aclaró entonces que él personalmente no tenía inconvenientes en que la transmisión se realizara, pero que debía consultar al resto de los integrantes del organismo.
Cuando ello efectivamente ocurrió, el legislador oficialista Fabio Marinello, uno de los dos representantes del Gobierno provincial en el Consejo mocionó que no consideraba conveniente la difusión en vivo de la sesión, sin aportar demasiados fundamentos sobre por qué lo creía de ese modo.
El tema fue sometido a votación y prosperó la postura de impedir la transmisión radial, que en consecuencia no pudo realizarse.
Uno de los que votó a favor de la medida de censura fue el ministro jefe de Gabinete, Sergio Araque, máximo representante del Gobierno en el recinto y uno de los mayores impulsores de una reforma judicial que contemple mayores índices de transparencia y objetividad en los procesos de elección y remoción de magistrados.
De hecho Araque representa en el Consejo (igual que Marinello) a la misma gestión de la gobernadora Fabiana Ríos que el año pasado impulsó un fuerte debate social, con tres audiencias públicas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con la premisa de modificar tanto la constitución de la Magistratura como el sistema de selección de jueces.
Ríos firmó un decreto de autolimitación ordenándole a su ministro en el Consejo que garantizara la transparencia de los mecanismos de selección, que fundara cada una de sus posiciones y que interrogara a los postulantes a jueces sobre temas de interés social, como igualdad de género o discriminación.
Sin embargo, ante la primera disyuntiva de trascendencia, los representantes del Gobierno votaron alineados con el ala más conservadora del organismo y siguiendo los lineamientos históricos en materia de restricción de la publicidad de las sesiones.
“Lo que pasó ayer es de una gravedad extrema y evidencia una contradicción flagrante en especial de parte los consejeros del Gobierno”, aseguró a EDFM Guillermo Worman, presidente de Participación Ciudadana.
“Nuestra ONG fue la que coordinó las audiencias públicas del año pasado para reformar el Poder Judicial y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Allí se escuchó la postura unánime de la sociedad en el sentido de asegurar la transparencia y especialmente la publicidad de las sesiones. Resulta que ahora hicieron exactamente lo contrario”, opinó Worman.
Por su parte el abogado Bovino afirmó que con la demanda anunciada por Sagastume “se cumple con la advertencia que ya me había hecho de querellarme y se persigue el objetivo de acallar las voces que denuncian”.
“Pasé de ser denunciante de un hecho grave que nunca se investigó, a víctima de una demanda por haber denunciado. Es algo que jamás me ocurrió nunca a lo largo de mis años de profesión”, agregó Bovino, quien es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
