E
l abogado de Buenos Aires Alberto Bovino reveló ayer la existencia de otra presunta firma falsificada de un juez penal de Ushuaia, en un escrito judicial que involucra directamente a su cliente, el ex contador General de la Gobernación Félix Donamaría, actualmente detenido a raíz de un caso de corrupción.
Bovino denunció que es falsa la firma del juez del Tribunal Oral de Ushuaia Maximiliano García Arpón, en la resolución de ese organismo que unificó los juicios pendientes que tiene Donamaría, para el 7 de septiembre de 2015.
Por ello, el letrado le solicitó formalmente ayer al tribunal que determine la nulidad de ese acto procesal, y le anunció que el lunes próximo presentará como evidencia dos pericias caligráficas concordantes realizadas por peritos de la Capital Federal.
El defensor de Donamaría presentó semanas atrás una denuncia ante el Consejo Provincial de la Magistratura, pidiendo que se investigue la inconducta funcional de García Arpón y del juez del Tribunal Oral Roberto Magraner, por la aparición de firmas falsas en otros oficios judiciales.
Pero el Consejo se negó a investigar el caso y rechazó la denuncia sin disponer una pericia caligráfica, incluso cuando una aportada por el denunciante suscribía la falsedad de las rúbricas sospechosas.
El argumento del presidente del Consejo y del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, fue que debía esperarse el resultado de una causa penal donde se investiga el mismo hecho a raíz de una intervención que le dio el propio Sagastume al Ministerio Público Fiscal.
La sesión donde se resolvió el asunto fue realizada por adelantado (iba a llevarse a cabo el 30 de septiembre) y en ella se impidió a la prensa la transmisión en vivo de las deliberaciones.
Ante la aparición de otra firma cuestionada, Bovino optó (hasta el momento) por no dirigirse al Consejo de la Magistratura ni tampoco a la Justicia Penal, sino que directamente solicitó la nulidad de la resolución cuestionada, ante el mismo tribunal que la dictó, y con el argumento de que carece de la firma de uno de los jueces, ya que la que puede observarse en el escrito “es falsa”.
Juicio unificados
Donamaría es el ex Contador General involucrado en el “Escándalo de la Contabilidad Paralela” donde se investigan pagos a proveedores del Estado sin ninguna contraprestación durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
Pese a que hay evidencia de que la modalidad se usó en todo el período de ese gobierno, la Justicia sólo investigó el último semestre (donde Donamaría fue funcionario) y observó 26 operaciones que dieron lugar a una serie de juicios consecutivos por peculado.
El 26 de febrero de este año, Donamaría le pidió a la Justicia que unificara los juicios pendientes, porque de acuerdo al cronograma previsto, el último se iba a llevar a cabo el 27 de abril de 2015.
El 7 de marzo, el Tribunal de Juicio dictó una resolución acumulando los juicios del caso, pero pasando la fecha del único proceso general, para el 7 de septiembre de 2015.
Esa es la resolución que según Bovino, contiene una firma falsa de García Arpón.
“Como demostraremos con un peritaje realizado por dos prestigiosos calígrafos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que será presentado el día lunes de la semana próxima, una firma que lleva el sello de Maximiliano García Arpón, no le pertenece, es decir, fue hecha por otra persona”, afirma la presentación que realizó el letrado en la víspera.
Según ese escrito, la presunta adulteración genera un perjuicio porque “ya no podemos saber quién ha tomado la decisión respecto de la fijación de nueva fecha de audiencia, y Donamaría tiene derecho a que frente a un planteo de la defensa, las resoluciones sean tomadas por los jueces del tribunal luego de una deliberación. Por este motivo, la ausencia de firma auténtica del juez García Arpón no nos permite saber cómo es que se arribó a la resolución cuya nulidad solicitamos”, razona el abogado en el petitorio.
También agrega que “la presencia de firmas falsas en un expediente judicial nos resulta un hecho realmente escandaloso. Es una cuestión de gravedad institucional que quita toda la legitimidad que podría tener el proceso judicial”.
“Lo mínimo que le debemos garantizar a una persona sometida a persecución penal con riesgo de perder su libertad por varios años más, es el derecho a que las resoluciones sean adoptadas y firmadas por los funcionarios que integran el tribunal y que revisten el poder estatal de decir el derecho”, asevera en otro párrafo el pedido de nulidad presentado por Bovino.
