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ara evitar una inminente prescripción de plazos, la Presidenta del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social radicó una denuncia judicial contra los municipios de Ushuaia y Río Grande para perseguir el cobro de una deuda estimada por el IPAUSS en unos 100 millones de pesos.
Ana Villanueva mencionó que en virtud de lo dispuesto en la Resolución de Directorio 900, de agosto de 2013, se procedió a certificar la deuda de las dos administraciones municipales “y en virtud de entender que habiendo transcurrido tiempo suficiente y que no han avanzado las reuniones de trabajo” se resolvió judicializar la pretensión de cobro “tal lo había recomendado el departamento de fiscalización del IPAUSS, y lo había indicado yo en una nota” señaló en declaraciones a FM Master’s.
Precisó que en el caso de Ushuaia, se persigue el cobro de unos 50 millones de pesos correspondientes a los intereses impagos de un convenio de cancelación de deuda por contribuciones del período 1998–2003. El monto en cuestión no es reconocido por el Municipio ya que se entiende que la tasa de intereses que aplica el IPAUSS resulta excesiva y por lo tanto perjudicial a sus intereses.
En lo que hace al Municipio de Río Grande, además del reclamo por los intereses de un convenio similar al firmado con Ushuaia hay otros conceptos involucrados.
Para despejar –o por lo menos intentarlo– cualquier sospecha sobre la existencia de alguna intencionalidad política apuntada a perjudicar la figura de los intendentes Sciurano y Melella, la funcionario designada por la gobernadora Ríos en la presidencia del IPAUSS justificó las presentaciones judiciales realizadas argumentando que “ante la proximidad de una posible prescripción de esas deudas, las áreas técnicas” del Instituto indicaron la conveniencia de recurrir a la vía judicial. Villanueva indicó que en los meses de noviembre –para Ushuaia– y diciembre –para Río Grande– vencía el plazo para instar el cobro judicial de esos cerca de 100 millones de pesos, y que si no se accionaba judicialmente en su carácter de representante legal del Instituto podía ser cuestionada por haber incumplido sus deberes de funcionario público.
Aseguró que los integrantes electos del Directorio del IPAUSS “estaban al tanto de la presentación” y que le “solicitaron que cumpla, o se ratifique o se dé efectivo cumplimiento a la resolución 900. Es decir, que se certifiquen y se gestionen judicialmente el cobro de todas las deudas, por lo que la semana que viene estaremos abocados a esa tarea”.
En tal sentido no descartó que a la brevedad pueda concretarse una demanda contra la Municipalidad de Tolhuin.
