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e realizó la primera jornada del juicio contra María Adela “Mariel” Calchaquí, quien afronta el proceso al haber sido acusada de “uso de instrumento público falso en concurso ideal con defraudación a la administración pública”, por haber presentado ante el Gobierno provincial un título secundario apócrifo que le permitió cobrar un ítem salarial durante más de una década aún cuando no le correspondía.
El juicio se llevó a cabo en sede tribunalicia del barrio YPF y el Tribunal estuvo presidido por Eugenio Sarrabayrouse, quien además fue acompañado por Juan José Varela y Eugenio Borrone, mientras que la Fiscalía fue representada por Guillermo Quadrini.
En primera instancia la doctora Nora Francini, abogada defensora de Calchaquí, pidió la suspensión de juicio a prueba por considerar que debía aguardarse una definición del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que tiene pendiente decisión sobre la misma causa.
Ello obligó a los jueces a pasar a un cuarto intermedio para deliberar y después de una hora, retornaron a la sala para anunciar que no hacían lugar al pedido de la defensa y que, por consiguiente, el proceso seguía su curso.
Entre otras razones, Francini había argumentado que al haber aceptado el Gobierno provincial el resarcimiento abonado por la ex diputada Calchaquí, por una suma igual a 67.960,26 pesos, la situación quedaba subsanada y no existía daño económico para la provincia.
Una vez retomado el juicio se le dio a Calchaquí la oportunidad de hacer uso de la palabra pero desistió de ese derecho, y por lo tanto, se leyó su declaración inicial donde la acusada aseveró no haber hecho nunca referencia a un título secundario durante su desempeño en la gestión pública y que todo se debió a un error administrativo producido por dos cuestiones: un mal manejo de la documentación y el contexto de una campaña proselitista como la que pretendía afrontar la ex diputada al momento de la denuncia.
A continuación declaró la única testigo del caso, Stella Maris González, jubilada hace dos años de la Administración Pública provincial, era quien estaba a cargo de la verificación de los expedientes y que al momento de detectarse la irregularidad oficiaba como directora General de Recursos Humanos.
González contó que Calchaquí presentó una constancia de título en trámite en febrero de 1989, previo a ingresar al Estado, y que dicho documento había sido expedido por el colegio Gerónimo Luis de Cabrera, de la Provincia de Córdoba.
Muchos años después Calchaquí aportó al expediente su título universitario expedido por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco que la acreditaba como licenciada En Ciencias Políticas, pero al verificar la carpeta se detectó que nunca había presentado el diploma de colegio secundario y que dentro de la misma solo figuraba esa constancia de título en trámite que databa de 1989.
En mayo de 2011, según la testigo, Calchaquí contestó por nota, ante las requisitorias del área gubernamental, que obraba en su poder la documentación que acreditaba que había concluido sus estudios secundarios, aun cuando desde el Gobierno se habían comunicado con la institución escolar en donde figuraba que Calchaquí solo había cursado allí hasta primer año.
Asimismo, un agravante a esta situación tiene que ver con los dichos de la testigo que aseguró, tiempo después, haber recibido un llamado telefónico de una persona que se identificó como Mariel Calchaquí, la cual le solicitaba “hacer la vista gorda” sobre la situación, admitiendo que al momento de haber falsificado la constancia de título en trámite “era joven, no sabía lo que hacía y quería conseguir trabajo porque tenía un hijo recién nacido”.
Stella Maris González, luego de contar esta situación, aclaró que si bien la persona al teléfono se había identificado como Calchaquí, no podía precisar si se trataba de ella porque no la había visto y no conocía su voz, pero que igualmente había realizado la denuncia en sede policial y ante sus superiores.
Además, se aportó documentación expedida por una empresa de telefonía celular que acreditaba que el número de teléfono desde donde se había realizado la llamada a González pertenecía, en efecto, a Calchaquí.
Tras esta testimonial el Tribunal volvió a cuarto intermedio y por la tarde se dio paso a los alegatos. Allí, el fiscal Quadrini solicitó se condene a Calchaquí a tres años de prisión en suspenso y se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos, mientras que la abogada Nora Francini solicitó que su defendida sea absuelta por considerar que, al haber resarcido al Estado provincial, la situación quedaba saldada. Hoy al mediodía se conocerá, finalmente, el fallo del Tribunal.
