E
l empresario Germán Gualdesi, condenado en mayo de este año a prisión efectiva en una de las causas por el denominado “Escándalo de las Letras de Tesorería”, fue denunciado penalmente por una supuesta agresión a su mujer, cometida mientras se encuentra detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria.
La denuncia formulada y luego ratificada por la esposa de Gualdesi, Karina Verónica Grognoletti, dio lugar a un requerimiento de instrucción y a una causa penal por lesiones, confirmaron a este medio fuentes judiciales.
Si bien la situación ya fue comunicada al Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, cuyos jueces autorizaron la prisión domiciliaria por razones de salud, hasta el momento no se tomaron determinaciones respecto de la continuidad o no del beneficio.
Grognoletti denunció que su marido le aplicó un golpe de puño en un ojo durante una discusión, produciéndole una lesión que pudo ser constatada a través de una revisación médica.
La presentación judicial dio lugar a que interviniera el fiscal Daniel Curtale, quien instruyó una causa para investigar el presunto delito de lesiones.
Las actuaciones derivaron luego en la formación de la causa Nº25.604, caratulada “Gualdesi Germán sobre lesiones” que tramita en el Juzgado de Instrucción de Segunda nominación a cargo de la jueza penal María Cristina Barrionuevo.
Según trascendió, el juzgado ya adoptó algunas medidas probatorias, como la citación a prestar declaración testimonial a varias personas.
Además, el incidente dio lugar a un expediente de índole familiar, ya que Grognoletti abandonó su domicilio (dado que Gualdesi cumple allí su detención) y la Justicia debe resolver también la situación de un hijo de la pareja, menor de edad.
Razones de salud
Gualdesi no es el único condenado por causas de corrupción que logró la prisión domiciliaria. También se encuentra en la misma condición el ex ministro de Economía, Raúl Berrone.
En relación a la salud del empresario, desde la Justicia se fundamentó la decisión del Tribunal Oral en que el hombre sufre una nefropatía (trastorno renal) que primero lo obligó a una intervención quirúrgica en el Hospital y luego le impuso un tratamiento que incluye una serie de cuidados que no podría tener detenido en una cárcel común.
Gualdesi fue condenado el 9 de mayo pasado a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de “peculado en concurso ideal con falsificación de instrumento público”.
Ese día el Tribunal condenó a 8 de los 9 imputados en el caso: 6 a prisión efectiva (entre ellos Gualdesi) 2 a prisión en suspenso y fue absuelto el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May.
El ex Contador General de la Gobernación, Alfredo lglesias, fue condenado a 5 años de prisión, los ex ministros de Economía Horacio Sosa y Raúl Berrone, y el ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Medone a 3 años y 10 meses de prisión, y la ex empleada María Lorenza Moreno, a 3 años y 4 meses de cárcel.
A su vez, el ex empleado Isidro Ferreyra y otra de las dueñas de la firma Gualdesi, Elsa Bugnest, recibieron una condena de 3 años de prisión en suspenso.
Tanto Sosa, como Iglesias, Medone y Lorenzo ya estaban presos con anterioridad por las condenas recibidas en la “causa Arrébola”. Por su parte Berrone y Gualdesi fueron detenidos de inmediato tras la lectura del veredicto.
El juicio analizó uno de los casos de corrupción ocurridos durante la última parte de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro, y que fue denunciado por la actual gobernadora Fabiana Ríos en 2008.
Se investigó el pago de 8,2 millones de pesos por parte del Estado fueguino a la empresa “Gualdesi Hermanos” en diciembre de 2007, a cambio de bolsones de alimentos para personas indigentes que nunca fueron entregados, según demostró la Justicia a lo largo del proceso.
Los pagos fueron realizados con Letras de Tesorería emitidas por el Estado. Y la modalidad es similar a la descubierta en otras investigaciones como la “causa Arrébola”, en donde también se liquidaron con Letras servicios nunca prestados, en ese caso vinculados con insumos de computación.
El Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, había acusado a todos los involucrados de “fabricar un expediente administrativo” para simular la prestación de un servicio nunca brindado.
