E
n rueda de prensa llevada a cabo ayer a la mañana en la sede gremial del SATSAID de Río Grande, los miembros de la Federación Popular del Transporte indicaron que el estudio “comparte todos los criterios seguidos por la Federación” en cuanto a la posibilidad de erigir dos “facilidades portuarias”, una en Cabo Vírgenes (Santa Cruz) y otra en Cabo Espíritu Santo (Tierra del Fuego), concretar la conexión a través de transbordadores, resolver “efectivamente una situación de integración territorial”, desarrollar la región “tanto en el sector turístico como productivo”, y manteniendo las mismas tarifas que hoy se le paga a la Transbordadora Austral Broom SA.
El estudio entregado en mano el 1 de abril por el diputado nacional del Frente Para la Victoria Martín Pérez, fue analizado durante tres semanas por esta organización que viene desarrollando un proyecto ejecutivo integral de la Ley Nacional 26.776, que redactada e impulsada por los ex senadores fueguinos José Carlos Martínez y María Rosa Díaz, definió “como política de Estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de la provincia del Tierra del Fuego”, a través de “la conexión marítima”, y teniendo como objetivo complementario, la continuación insular de la Ruta Nacional N° 40 “comunicando las ciudades de Río Grande y Ushuaia”.
“Este estudio técnico ratifica todas las hipótesis sobre las cuales ha venido trabajando la FePoTra desde 2013 a la fecha en cuanto que es posible poseer un cruce propio, con buques construidos en el País que nos permita una navegación de máxima seguridad y en el menor tiempo posible, con la capacidad adecuada para dar respuesta a la demanda actual promedio de 316 vehículos, 188 camiones y 8 colectivos por día”, indicó Daniel Guzmán, quien junto a Maximiliano Sysak y Bruno Bustamante, recorrieron en 40 minutos los aspectos centrales de un trabajo de consultoría científica no difundido hasta la fecha.
La semana próxima, miembros de esa misma Federación viajarán a Río Gallegos para reunirse con autoridades del gobierno de Santa Cruz y de la Legislatura, con entidades gremiales, sociales y medios de prensa, con el objetivo de avanzar en la propuesta de crear una entidad bi-provincial y federal, que ponga en marcha las obras, y conduzca, gerencie y administre los sistemas portuarios y de comunicación marítima, por aguas jurisdiccionales de nuestro país.
