C
uando el receso de hecho que vive la Legislatura producto del proceso electoral del que participan como candidatos 11 de los actuales parlamentarios lo permita, el Poder Legislativo deberá definir quién se convertirá en el primer Procurador Penintenciario de la Provincia.
En cumplimiento de lo que determina el artículo 2 de la ley que creó la Procuración Penitenciaria, el bloque legislativo de la UCR presentó en la sesión del pasado 14 de mayo un proyecto de Resolución con la terna de abogados de la que surgirá el titular del organismo que fuera instituido por ley 1027. A la iniciativa se le dio “tratamiento preferencial sin fecha fija” y fue girada para su evaluación a la Comisión de Justicia.
Los candidatos en cuestión son los abogados Francisco Ibarra Rodríguez, impulsado por el radical Pablo Blanco; Pedro Fernández, que cuenta con el respaldo de la justicialista Susana Siracusa, y Hernán Gaite a propuesta del también justicialista Eduardo Barrientos.
Ibarra Rodríguez fue abogado de la familia de Sofía Herrera –la nena que desapareció en 2008 en el camping John Goodal–; de la familia de Agustina Varela –nena que falleció en la madrugada del 5 de agosto de 2006 en el hospital de Río Grande producto de lesiones mortales producidas por golpes que le aplicó alguien que hoy sigue impune–; representante de la emprresa de colectivos Tailem y apoderado de las firmas Pole Fueguina y El Imperio en el proceso de expropiación de tierras en la margen sur de Río Grande.
Pedro Fernández se desempeña como colaborador de la Legislador Susana Siracusa.
Por su parte, Hernán Gaite es funcionario del Poder Judicial y presta servicio en la Casa de Justicia de Tolhuin.
Para ser elegido Procurador Penitenciario alguno de los tres candidatos deberá ser votado, de manera nominal y fundada, por los 2/3 de los miembros de la Cámara Legislativa.
Si ninguno de ellos obtuviera en la primera votación la mayoría requerida “deberán repetirse las votaciones sobre los dos candidatos más votados hasta alcanzarse aquella mayoría”.
Quien resulte elegido ejercerá el cargo por 5 años “ pudiendo ser reelegido por una sola vez” y tendrá por función “proteger los Derechos Humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Provincial, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción provincial, comprendidos comisarias, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad”.
La ley que dispuso la creación de la Procuración Penitenciaria fue aprobada por unanimidad el 4 de diciembre del año pasado. La iniciativa fue vetada por el Ejecutivo pero insistida, también por unanimidad, en la primera sesión ordinaria de este año, de la que no participó la titular de la bancada oficialista, Amanda del Corro.
