L
a Federación Popular del Transporte Tierra del Fuego (FePoTra) anunció que el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la secretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, Mariana González, le respondió al diputado nacional por Tierra del Fuego Oscar Martínez (MSP) que “se encuentra a la firma del señor ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (Axel Kicillof) la resolución ministerial que aprueba el modelo de contrato a firmarse” entre ese ministerio “y el Fondo Fiduciario” (*) para la ejecución de la Ley Nacional N° 26.776, que define “como política de Estado la integración física del territorio continental con el territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego”. Y que dicha resolución “no definirá la ubicación de los puertos ni el texto de los pliegos de la futura licitación a realizarse”.
Desde la entidad observaron que la funcionaria asevera además que “estas definiciones se decidirán en un paso posterior, tomando en cuenta para ello los aportes de los múltiples actores relacionados a la cuestión y respetando el espíritu y el texto de la Ley N° 26.776 respecto de implementar la conexión marítima entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor distancia posible”.
Cabe recordar que el pasado 18 de agosto Martínez le solicitó al ministro Kicillof que “informe acerca del estado de implementación de los procedimientos establecidos en el artículo 8° del Decreto PEN N° 1423/15”, que pone en marcha el plan ejecutivo del cruce por aguas argentinas anunciado por la Presidenta de la Nación el 23 de julio pasado.
En esa fecha y también por nota el diputado le planteó al funcionario que, de implementarse los términos del contrato de fideicomiso sobre la exclusiva base de los estudios realizados por la Administración General de Puertos SE (AGP), “se omitirían otros estudios que se han realizado con el objeto de analizar diversos aspectos del cruce”. Incluso los que fueron realizados “a partir de la solicitud del ex presidente Néstor Kirchner” que recomiendan un “cruce corto”, en lugar del “cruce largo”, como lo sostiene la AGP. Hecho que para Martínez “podría contravenir el espíritu de la Ley 26.776”.
Martínez le había pedido al jefe de la cartera económica “brindar la información necesaria sobre el estado de avance de los pliegos, así como la imprescindible consideración de los estudios que sirven a su sustento o los próximos a realizarse, solicitando que se garantice dicha información pública”, propiciando “mecanismos de participación pública, dando a conocer los estudios que se están utilizando como sustento de los pliegos”, respetando el parámetro de “menor distancia posible” establecido en el artículo 5 de la Ley 26.776.
