un año de que el Parlamento insistiera en la sanción de la ley de creación de la Procuraduría Penintenciará en el ámbito del Poder Legislativo, que fuera vetado oprtunamente por ex gobernadora Ríos, los legisladores mopofistas Mónica Urquiza y Pablo Villegas presentaron un proyecto que impulsa la derogación de la ley de creación de ese organismo.
En el considerando del proyecto de ley, los parlamentarios señalan “que la puesta en funcionamiento de la Procuración Penitenciaria no se ha materializado como una herramienta legal eficiente en la consecución de los objetivos previstos” en la ley 1072, que habís sido impulsada por el bloque de la UCR.
Los autores sostienen, además, que las prescripciones normativas contenidas en la mencionada ley “se enervan y contraponen con las previstas en la ley 857” mediante la que se creó el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, por cuanto con la puesta en funcionamiento del referido Comité “la Legislatura ya consiedró la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sea cual fuere su calidad”.
Es de tener en cuenta que al día de la fecha la Procuración Penintenciaria no cuenta con presupuesto asignado y que tanto el Procurador Titular, Francisco Ibarra Rodríguez, con el Procurador Adjunto, Pedro Fernández, renunciaron a sus cargos producto de la disputa política que derivó en la no asignación de fondos para el organismo y el rechazo a aprobar la estructura funcional del mismo.
