a vecina provincia de Santa Cruz está convulsionada por la detención del empresario Lázaro Báez y por sus múltiples y diversas consecuencias en el plano político e institucional.
Es que la crisis económica, que también posee, se combina con una explosión de revelaciones sobre manejo de fondos, lavado de dinero y empresas relacionadas con el poder.
Por ahí resulte difícil de explicar, pero los santacruceños viven estas semanas con una mezcla de alivio y descreimiento.
Para un sector que se podría tildar de mayoritario, la posibilidad de ruptura de un sistema de corrupción que con Báez preso igual sigue vigente, genera una expectativa y también una esperanza, vinculada con que la impunidad no dura para siempre.
Sin embargo, casi todos hacen muecas de desconfianza cuando se les pregunta si piensan que las investigaciones van a llegar al hueso de los problemas.
Lo que no hay es sorpresa, sino más bien ratificaciones de lo que ya se sabía. Lo que conocían aún los partidarios de los sucesivos gobiernos kirchneristas.
Dicho sea de paso, la sensación que produce conversar con los habitantes de Río Gallegos, la capital provincial, es que por estas tierras floreció la peor versión del proyecto político liderado por el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner.
Y es que muchas de las políticas nacionales reconocidas por propios y extraños, en materia de industria, ciencia, derechos sociales y humanos, entre otras, aquí brillaron por su ausencia, y en cambio todo parece condensarse en esa madeja de intereses ocultos, silencio de voces disonantes y falta de controles que los santacruceños entienden como un sistema a punto de explotar.
Voces que hablan
El escepticismo por la detención de Lázaro Báez es explicada por los lugareños por una mezcla de factores, entre ellos, el tiempo que llevan afianzados los mecanismos de protección a los poderosos y el hecho de conocerlos mucho más que los habitantes de otras partes del país.
“Para nosotros es distinto porque aquí hemos convivido a diario con personajes como Báez. Hemos marchado todo el tiempo contra sus maniobras de corrupción. Si no festejamos masivamente es porque no nos animamos a decir que ésto se terminó”, reconoce el secretario general del gremio de los empleados judiciales de Santa Cruz, Juan José Ortega.
Ortega combina la prudencia con acción, y asegura que “ahora es el momento para redoblar la lucha sindical y social”, con lo que explica el motivo de la marcha de estatales prevista para el jueves 14, un día después de la declaración indagatoria que prestará la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde uno de las consignas será “basta de corrupción”.
Según el dirigente sindical, la madeja de organismos cooptados por el poder y la falta de una oposición política activa, llevó a los gremios santacruceños a tomar un rol que no perseguían.
“Hemos tenido un papel mucho mas preponderante en materia de lucha anticorrupción, que casi todos los políticos opositores. Tomamos las denuncias, ocupamos la calle y enfrentamos a los aparatos del gobierno que nos vienen a reprimir, como la Gendarmería, en algunos casos, o los gremios afines al gobierno”, afirmó el líder los judiciales.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados de la provincia, Javier Stoessel, también opina que la detención de Báez no modifica el entramado de complicidades que sigue funcionando “al ritmo de un Poder Judicial que no cambia”.
“No conozco que en Santa Cruz se haya investigado a Lázaro Báez en ninguna causa judicial. Es más, no conozco que hayan existido condenas por corrupción en ninguna causa”, advierte el letrado.
Para los dirigentes locales, el kirchnerismo no protagonizó casos de corrupción, sino que montó un sistema complejo para que “ningún movimiento de fondos públicos” pueda ser controlado u observado judicialmente.
“En realidad es un sistema que persiguió evitar las voces diferentes en todos los ámbitos. Comprenderlo nos llevó mucho tiempo y noches enteras de charlas y discusiones”, mencionó Ortega.
El gremialista insiste en que Báez era una “pieza más” del engranaje que todavía sigue dando vueltas en la provincia administrada por Alicia Kirchner, llamada a silencio desde que comenzaron a comprometerse en las causas de lavado de dinero tanto el multiempresario como su hijo y su contador.
“Han generado un volumen de caja tan gigantesco, que enfrentarlos parecía una utopía, más en el lugar donde todos les responden y les rinden cuentas. Pero nosotros tenemos clara nuestra lucha, que todavía no terminó”, asegura Ortega.
