uego de que la gobernadora Rosana Bertone ratificara mediante decreto la exoneración de los 17 docentes enjuiciados por la toma de Casa de Gobierno ocurrida en 2013, el Ejecutivo fueguino confirmó que dará intervención al Fiscal de Estado para que solicite la exclusión de la tutela sindical de los agentes sancionados.
En declaraciones a Radio Fueguina el ministro de Gobierno, Gastón Díaz, confirmó la decisión del Ejecutivo de continuar con el proceso de exoneración y que se dará intervención al Fiscal de Estado para que solicite la exclusión de la tutela sindical de los agentes sancionados.
Explicó que un recurso de reconsideración, es lo que presenta el agente cuestionando los fundamentos de la medida disciplinaria que le fuera aplicada. “Es algo que la persona que se siente afectada puede interponer o no. En este caso, de 17 agentes, 15 lo hicieron dentro del plazo legal y dos no”, remarcó.
“Esto forma parte de un paso más dentro de un trámite administrativo que inician los propios 17 agentes exonerados por Fabiana Ríos, a los efectos de que se resuelva”, señaló el funcionario, y agregó que “dicha situación obliga que el Poder Ejecutivo actual deba manifestarse al respecto, debido a que en el caso de no hacerlo dentro de los 30 días, lo que establece la ley de procedimiento administrativo es que el damnificado puede considerar ese silencio como una negativa”.
El funcionario explicó que “lo que evaluamos dentro del área de Legal y Técnica es la necesidad de dictar el decreto y expresarnos de forma clara respecto de si compartimos o no los fundamentos de Fabiana Ríos en el momento de la exoneración”, y en función de ello “la gobernadora Rosana Bertone ratificó la decisión de aquél decreto primero”.
No obstante, para que la expulsión de la Administración Pública de los agentes sancionados se haga efectiva “por la existencia de lo que se denomina tutela sindical, se necesita otro procedimiento judicial” ante la Justicia laboral, donde se solicita el retiro de la tutela sindical.
Aquéllos que presentaron el recurso dentro de los 10 días previstos por la Ley Nº 141 tienen, además del recurso de reconsideración, la posibilidad de plantear lo que se denomina una acción “contencioso administrativa” en el Juzgado Laboral. Los que no cumplieron con los trámites y procedimientos administrativos no acceden a esa posibilidad.
Por otro lado, Díaz se refirió a la situación con los gremios y explicó que “se logró separar las actividades gremiales con aquéllas manifestaciones de tenor político que puede tener una organización sindical. No nos hemos puesto de acuerdo en un 100%, solo en algunos puntos. Es decir, si las leyes deben ser modificadas, derogadas, mantenerse vigentes o reglamentarse”. Y concluyó: “Existen algunos puntos de consenso y en algunos nosotros no compartimos la visión política de los dirigentes gremiales”.
