n grupo de dirigentes santacruceños que siguen con atención lo ocurrido con la detención del empresario Lázaro Báez y sus implicancias políticas e institucionales, parecen más preocupados por un tema de fondo, que es la situación del poder judicial en la provincia más próxima a Tierra del Fuego.
El razonamiento que esgrimen tiene mucho de lógica: más que los escándalos y las pesquisas por lavado de dinero que salpican al poder provincial, les interesa cómo fue posible que ello ocurriera durante tanto tiempo y a la vista de todos, sin que ningún juez local se preocupara por investigarlo.
También los asalta la desconfianza, cuando se preguntan si la caída de Báez y lo que arrastre detrás suyo, alcanzará para modificar un sistema judicial más preparado para la impunidad que para impartir justicia.
Se sabe que Tierra del Fuego no puede andar vanagloriándose de su propia justicia: los escándalos que rodearon su conformación, el escaso tiempo que tardó en degradarse, la jubilación anticipada de jueces, los vínculos con el poder político y tantos otros episodios irregulares, la convierten en una institución que poco ha tenido de ejemplo.
Sin embargo, al menos aquí se pueden mostrar investigaciones ejemplares en materia de corrupción, como el caso de las Letras de Tesorería, o la de los adelantos con cargo a rendir, que derivaron en la condena y detención de más de una decena de funcionarios, incluyendo dos ex ministros de Economía.
La Justicia local no condenó pero al menos indagó a varios gobernadores por distintos delitos.
En Santa Cruz, nunca un juez investigó seriamente un caso de corrupción, y por eso no hay (no existen) procesos penales de estas características contra ex funcionarios.
Un poder vacío
Los abogados y dirigentes sociales de la provincia vecina señalan que para que este estado de cosas fuera posible se diseñó un vaciamiento judicial, consistente en que el 30 % de los juzgados se encuentren vacantes en la actualidad, a lo que hay que sumarle un sistema de concursos que restringe el ingreso de magistrados de otras jurisdicciones, y que no permite auditorías ni controles.
Todo ello, aseguran desde estos sectores, fue provocado por el poder político de Santa Cruz para “garantizar impunidad” a casos como el de Lázaro Báez.
“El Poder Judicial santacruceño atraviesa una crisis muy importante, fruto de años de degradación”, afirma Javier Stoessel, presidente de la Asociación de Abogados de la provincia.
Según explicó, el “problema de base” es que no se designan jueces para cubrir los cargos vacantes, como una manera de incrementar las posibilidades de control sobre la justicia.
Uno de los mecanismos que deriva en esa situación, es la ley de concursos que impide presentarse como candidatos a quienes no hayan nacido en Santa Cruz, o no hayan vivido 5 años de manera continua, u 8 de forma discontinua en la provincia.
Se trata de un límite catalogado de “inconstitucional” que “viola el principio de igualdad y reduce el número de postulantes”, afirmó Stoessel.
El sistema de selección de magistrados se realiza a través de un concurso que no incluye ni la comunicación de los antecedentes ni la realización de audiencias públicas, al tiempo que tampoco pueden realizarse observaciones a los postulantes.
Una vez que el Consejo de la Magistratura selecciona una terna, es el gobernador el que elige a uno y es la Legislatura la que debe ratificar el nombramiento.
“A veces demoran meses en calificar las ternas. Y en general, después, el proceso se traba en el Poder Ejecutivo o en la Cámara Legislativa. La gran mayoría que se presentan son funcionarios judiciales de carrera”, resumió el titular de la Asociación de Abogados.
También concluyó que el objetivo político final es “ejercer un control sobre las personas que van a ser designadas en la justicia. Si son pocos candidatos, sin control, y pertenecientes al propio poder, es más fácil hacerlo”, razonó.
Otro aspecto llamativo del sistema judicial santacruceño es la ausencia de un colegio de abogados: a pesar de que varios proyectos fueron remitidos a la Legislatura para su análisis, todos corrieron la misma suerte y perdieron estado parlamentario antes de su aprobación.
En ese sentido, Santa Cruz comparte con la provincia de Chaco la singularidad de ser los únicos distritos del país sin colegiación de letrados.
La acumulación de expedientes sin resolver, producto de las vacancias provocadas, se suma a las sospechas de connivencia entre el poder judicial y el político, evidenciada por la falta de avances en las causas de corrupción.
“El famoso partido judicial del que hablaba la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, efectivamente existe. Suscribimos a esa idea, sobre todo aquí en su provincia, donde el partido judicial es del color político de ella”, aseveró el secretario general del gremio de empleados judiciales, Juan José Ortega.
Según Ortega, los lazos entre el poder y la justicia de Santa Cruz son “imposibles de soslayar”.
“Hoy tenemos un Tribunal Superior de cinco miembros, de los cuales tres tienen una contaminación política total y absoluta”, denunció el dirigente sindical.
Para Stoessel, litigar en los tribunales locales “sigue siendo muy difícil, aún a pesar del cambio de gobierno nacional y de episodios como la detención de Lázaro Baez”.
“Para nosotros la justicia santacruceña sigue siendo la misma”, se lamentó.
