a detención del empresario Lázaro Báez generó una onda expansiva en la provincia de Santa Cruz, la vecina y más próxima a Tierra del Fuego, que motivó la rediscusión de temas de fondo: entre ellos la situación económica que atraviesa el distrito, el sistema de impunidad generado por un poder judicial sin ánimo de control sobre los casos de corrupción, y también el régimen electoral que permitió llegar a la gobernación a Alicia Kirchner.
Un grupo de abogados y dirigentes gremiales santacruceños está convencido de que para perpetuar al kirchnerismo se montó una maniobra “político judicial” que comenzó en los meses previos a las elecciones generales del año pasado.
Aseguran que lo sucedido “no es extraño” y que debe ser inscripto dentro de un “régimen de corrupción vigente en la provincia”, cuyo capítulo más resonante es la detención del empresario Báez y la imputación de varios de sus familiares en causas judiciales por lavado de dinero.
Según estos sectores, el instrumento fue la denominada ley de lemas, que la Legislatura de Santa Cruz amplió para incorporar a los cargos de gobernador y vice, mientras que la justicia se habría ocupado de postergar y luego rechazar los cuestionamientos a la constitucionalidad de la norma.
La ley de lemas es “un sistema especulativo, donde el votante no sabe nunca por quién está votando. El fraude queda claro cuando uno advierte que (el ex candidato a la gobernación por Cambiemos) Eduardo Costa, logró más votos que la actual gobernadora Alicia Kirchner”, afirma el secretario general del gremio de empleados judiciales de la provincia, Juan José Ortega.
El dirigente recordó que cuando se supo que el kirchnerismo impulsaría la ampliación de los lemas al estamento de gobernador, los sindicatos juntaron 3 mil firmas en igual cantidad de días, “en un hecho de movilización increíble”.
“En lugar de seguir la corriente de todas las provincias que evolucionaron hacia otros sistemas electorales, aquí se involucionó para poder mantener el modelo político. Se trata de una deformación absoluta de la democracia”, indicó Ortega.
Por su parte el presidente de la Asociación de Abogados de Santa Cruz, Javier Stoessel, aseveró que la ley de lemas es “claramente inconstitucional”
“La diferencia con el ámbito nacional es que aquí hay un artículo expreso de la Constitución provincial, que estipula elecciones directas y por simple mayoría de sufragios. Contra eso accionamos legalmente pero no se pudo detener la maniobra”, señaló el letrado.
Las presentaciones judiciales contra la ley de lemas de Santa Cruz fueron realizadas por varios particulares y partidos políticos, y se terminaron unificando en un juzgado civil que convirtió el pedido de amparo inicial en una acción colectiva.
El juzgado hizo lugar al reclamo, pero la Cámara Civil de Apelaciones lo revirtió y el Tribunal Superior de Justicia confirmó ese fallo, que todavía tiene pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
“En el medio pasó de todo. Quisieron integrar la Cámara con un secretario, luego no se apartó otra camarista, René Fernández, que había sido apoderada del Frente para la Victoria y secretaria Legal y Técnica en la gestión de gobernador de Néstor Kirchner, y finalmente hubo uno de los jueces que directamente no firmó el fallo”, recordó Stoessel, quien fue uno de los ciudadanos que accionó contra la aplicación del sistema.
Según Ortega, la situación dejó a la actual gobernadora Alicia Kirchner en un estado de “desligitimación social”, que se nota a la hora de afrontar la difícil situación económica y política que atraviesa la provincia.
“Es una gobernadora deslegitimada para toda decisión que tome. No hemos tenido todavía una reunión, pero definitivamente cuando lo hagamos será con alguien que está apoyado por una minoría, y no por la mayoría de la población, más aún tratándose de quien viene a perpetuar un sistema político ligado a la corrupción”, sostuvo el dirigente sindical santacruceño.
