esde que los legisladores ocuparan sus bancas para escuchar el mensaje inaugural del período de ordinarias que brindó el pasado 12 de marzo la gobernadora Bertone han transcurrido ya 41 días hábiles, sin que los Parlamentarios hayan vuelto a pisar el recinto de sesiones.
La virtual parálisis que afecta al Poder Legislativo parece responder directamente a la situación de conflicto que atraviesa la Provincia productor de las medidas de protesta que llevan adelante un grupo de gremios estatales contra el paquete de leyes que fuera aprobado entre el 8 y 9 de enero, y podría extenderse por tiempo indeterminado, ya que el Vicegobernador y Presidente de la Legislatura, Juan Carlos Arcando, precisó ayer que los Legisladores volverán a ocupar sus bancas “cuando estén dadas las condiciones para poder sesionar tranquilamente y sin que haya ningún tipo de disturbio y que se pueda lamentar alguna cuestión que pase en la provincias. Todo dependerá de la situación que se viva en la Provincia” apuntó, dejando abierta la posibilidad de que la falta de actividad pueda prolongarse hasta tanto concluya el reclamo sindical.
La situación resulta aún más preocupante, ya que a la falta de sesiones se suma la ausencia casi total de reuniones de las comisiones permanente, ámbito en el que los proyectos presentados deben ser sometidos a análisis para su posterior tratamiento sobre tablas.
Es de tener en cuenta que durante la sesión preparatoria, realizada el 17 de diciembre del año pasado, fue el legislador del Frente para la Victoria, Federico Bilota, quien propuso “que en lo sucesivo, las sesiones ordinarias se realicen el tercer jueves de cada mes”, moción esta que contó el unánime respaldo de los demás parlamentarios. De haberse cumplido ese compromiso, la Legislatura debería haber realizado, cuanto menos, dos sesiones ordinarias.
Aun cuando pueda entenderse prudente plantear que se volverá a sesionar “cuando estén dadas las condiciones” para hacerlo “sin que haya ningún disturbio”, ese argumento parece dejar en evidencia que para la dirigencia política, o para una parte de ella, la provincia se reduce al ámbito estatal, y lo que en él sucede deber marcar el ritmo de funcionamiento del resto de la sociedad.
Si bien resultaría necio desconocer el impacto que la protesta de los gremios estatales tiene en el normal desarrollo de la actividad cotidiana, sobre todo en la capital provincial, no se entiende como demasiado adecuada la voluntaria decisión de los representantes del pueblo de paralizar hasta nuevo aviso la actividad de uno de los tres poderes del Estado. .
El verbo legislar significa “elaborar o establecer leyes para gobernar un país”, en nuestro caso una provincia, e impone a quienes tienen esa responsabilidad delegada por el pueblo a cumplir con esa obligación, ya que en caso contrario estarán violentado el mandato que les fuera conferido por el voto popular.
