La Provincia obligada a vender 10 mil hectáreas
Por sentencia del Superior Tribunal de Justicia

La Provincia obligada a vender 10 mil hectáreas

En cumplimiento de un fallo de la Corte Provincial, el Poder Ejecutivo emitió un decreto mediante el cual vende a favor de Mirna Antunovic de Bridge 10 mil hectáreas de tierras rurales en la zona centro de la Provincia. En función de lo que establece la ley de Tierras Fiscales, el decreto 620/16 fue remitido para su ratificación a la Legislatura.
12/05/2016
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iez mil hectáreas de tierras rurales ubicadas dentro de la área natural protegida “Reserva Corazón de la Isla” deberán ser vendidas por la Provincia a Mirna Antunovic de Bridge en cumplimiento de una sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia, en el que se hizo lugar al reclamo de la demendante para que el estado fueguino le adjudique en venta por antiguas ocupación el lote ubicado al sur de las estancias Boquerón y Río Claro y al oeste de la Estancia Carmen.
Mediante el dictado del decerto 620/16, del pasado 20 de abril, el Podre Ejecutivo hizo lugar a la pretensión de Antunovic de Bridge y elevó a la Legislatura ese instrumento para su ratificación, tal lo dispone la ley provincial de Tierra Fiscales.
De esta manera se pone fin a una controversia que comenzó hace unas dos décadas atrás cuando  Antunovic de Bridges inció el trámite para mensurar el predio, que inicialmente había obtenido el visto bueno de la administración en 1999, pero con limitaciones en cuanto a la superficie pretendida ya que se le adjudican en venta únicamente 3.400 hectáreas, excluyendo aquellas que se encontraban ubicadas dentro de la Reserva Corazón de la Isla que había sido creada por decerto 1499/95 y las ocupadas por bosques, a un precio de 95.200 en 60 cuotas mensuales de 1.894 pesos cada una.
En el año 2000, cambio de Gobierno por medio, el Ejecutivo entendió que el decreto de adjudicación en venta  presenta vicios insubsanables por lo que eleva las actuaciones a la Legislatura recomedando no ratificarlo, lo que finalmente hace el Parlamento. Ese mismo año se sanciona la ley que creó el  área natural protegida “Reserva Corazón de la Isla”.
 A partir de esas decisiones, Antonivic efectúa bajo el marco de regularización de antiguas ocupaciones un nuevo pedido de adjudicación en venta del predio de 10 mil hectáreas quer da origen al expediente 1142/2001. En julio de 2002 la Secretaría Legal y Técnica dictamina que debe reconocerse los derechos al dominio pretendido por Antunovic, opinión que no es compartida por  la Fiscalía de Estado y a la que adhiere la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento, que rechaza a fineszs de ese mismo año el pedido en ceustión. Antunovic recurrió pro vía administrativa esa decisión. El recurso de reconsideración fue rechazado en en septiembre de 2006, por lo que en el año 2008 el Podre Ejecutivo dicta un decreto rechazando la pretensión de la reclamante.
Agotada la vía administratica, Antunovic presenta ante el Supertiro Tribunal de Justicia una demenada contencioso administrativa, en la que obtiene sentencia favorablem, en la que se declaró la nulidad de al Resolución dictada en 2002 por la Secretaría de Desarollo y Planeamiento y ordena al Ejecutivo dicte un nuevo acto “con apego a la doctrina”. En 2015 el Poder Ejecutio dicta el decreto 1892 mediante el que deja sin efecto la resolución cuestionada pero también rechaza el pedido de adjudicación en venta de Antunovic, lo que deriva en la presentación de un nuevo pedido de reconsideración que también es rechazado por el Gobierno. Una vez más Antunovic recurre a la Justicia, y la Corte nuevamente falla a favor de la demandante e intima al Ejecutivo cumpla con la sentencia original. Ante este estado de cosas, y tras haber tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, el Poder Ejecutivo dictó el 20 de abril el decreto 620, mediante el que recova el decreto 1892/15 y hace lugar a la pretensión de Mirna Antunovic de Bridge de adquirir el predio en cuestión.
A la luz de los antecedentes da la impresión de que a la Legislatura no le queda otra alternativa que ratificar el decreto ingresado el pasado 3 de mayo.

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