l juez penal de Río Grande, Andrés Leonelli, ordenó ayer el desalojo de un campamento que trabajadores habían montado desde hacía un par de semanas frente al Sindicato de Petroleros Privados de Río Grande. La medida judicial no llegó a concretarse ya que los efectivos policiales persuadieron mediante el diálogo a los manifestantes, quienes decidieron abandonar el lugar por sus propios medios.
Desde hacía dos semanas, media docena de trabajadores tomaron la determinación de encadenarse frente a las instalaciones del sindicato donde reclamaban contra la supuesta ‘inacción’ del gremio por el resguardo de sus fuentes laborales, lo que con posterioridad se negoció en el ámbito del Ministerio de Trabajo con las empresas, aunque con la ausencia del sindicato.
Ante esta situación, la entidad gremial petrolera acudió a la Justicia para radicar una denuncia contra los trabajadores, dado que al encadenamiento le siguió el armado de una estructura en la puerta de acceso mismo al edificio.
Finalmente cerca de las 8:30 de la mañana del domingo, efectivos de la Comisaria Primera dieron cumplimiento a la orden de desalojo de personas que se encontraban en el ingreso de Ameghino 867.
El grupo de efectivos policiales que acudieron a dar cumplimiento a la orden judicial, le pidieron a los trabajadores que se retiren del lugar, que accedieron sin resistirse. La carpa fue retirada y en el lugar quedó una consigna policial.
