a primera sesión ordinaria del año permitió que los bloques partidarios que integran la Legislatura sentaran postura política sobre diversos temas de candente actualidad. Así, fijaron postura, por ejemplo, sobre la nueva tarifaria de la municipalidad de Ushuaia; el tarifazo de gas dispuestos por el Gobierno Nacional; a que estamento del estado corresponde la percepción del Impuestos Inmobiliaro Urbano o el rol que le compete a la Legislatura en la resolución del conflictos existente con un sector de gremios estatales por la reforma del sistema previsional.
Contra la intromisión municipal
A instancias del radical Rubinos, se aprobó por unanimidad una declaración en la que se manifestó “la preocupación del Poder Legislativo por la intromisión de la Municipalidad de Ushuaia en atribuciones que son propias de la Legislatura Provincial y del Congreso de la Nación al legislar el Régimen Tributario Tarifario”.
Los Parlamentarios interpretaron que “no corresponde que el Municipio aplique criterios tributarios en la composición de las tasas e impuestos municipales” que estén referidos al nivel de ganancias, facturación o ingresos de los contribuyentes, sino que debe que deben calcular en función “del costo del servicio que proveen”.
“Pretender cobrar impuestos y tasas con criterios que se encuentran exentos en la Provincia, es al menos una imprudencia que puede generar antecedentes perjudiciales para la población” a la vez que “pone en riesgo el acuerdo de coparticipación del Gobierno con los Municipios“, sostienen en el fundamento de la iniciativa.
Inmobiliario urbano provincial en suspenso
Compartiendo el criterio sustentado por el Ejecutivo sobre el riesgo de un doble imposición para el contribuyente, los Legisladores del FPV y de la UCR aprobaron suspender la vigencia del capítulo que respecto de ese tributo contempla el código fiscal sancionado en enero, hasta tanto se resuelva la controversia que existe entre la Provincia y los Municipios sobre a quién compete la percepción de ese impuesto. Controversia que, según adelantaron funcionario de la AREF, deberá ser resuelto por la Justicia ya que el Ejecutivo impulsará una acción declarativa de certeza sobre el particular.
Quienes no manifestaron duda alguna respecto de la cuestión, fueron los legisladores del MPF ya que precisaron que, a su entender, esa competencia tributaria corresponde a los Municipios, tal lo definió la ley territorial 236 en el año 1985.
Entre el tarifazo y el sinceramiento
La pretensión de la bancada del MPF de que la Legislatura se manifestara contra el tarifazo de gas dispuesto por el Ejecutivo Nacional chocó con la cerrada negativa de los radicales y el silencio de los parlamentarios del Frente para la Victoria.
Fue el radical Pablo Blanco quien defendió la suba en la tarifa del gas, argumentando que los porcentajes acordados finalmente entre Nación y los Gobernadores Patagónicos (400% para los consumos residenciales y 500% para los comerciales) no hace más que sincerar el atraso que en la materia se registraba desde hace 15 años en la región.
Blanco llamó a no confundirse por el impacto que se genera cuando el aumento se plantea únicamente en términos porcentuales, ya que dijo que los montos reales no implican un golpe al bolsillo de los fueguinos. Señalo que antes del aumento, la factura promedio que pagaban los fueguinos equivalía al costo de “tomarse un café en un confitería” y que los nuevos valores resultan menos significativos que lo que se abonan por el servicio de televisión por cable o por telefonía celular.
“Nos falta información”
Superadas, por lo menos por el momento, las divergencias internas que quedaron en evidencia en la sesión del 8 y 9 enero, el jueves pasado el bloque del MPF se consolidó como bloque opositor tanto al Gobierno Provincial como al Nacional. Esto quedó en evidencia al momento darle tratamiento a la ratificación del acuerdo alcanzado entre las Provincias y Nación por la restitución del 15% de Coparticipación Federal que les detraía para sostener financieramente a la Administración Nacional de Seguridad Social, al que se opuso únicamente esa bancada argumentando no contar con toda la información necesaria para votar el tema en la sesión del Jueves. Si bien dejaron en claro que no se oponían a la recuperación del porcentaje que se le detraía a la Provincia, Pablo Villegas cuestionó que se pretendiera convalidar ese acuerdo sin “conocer la opinión del Fiscal de Estado”. Además dijo que el texto del convenio plantea dudas, en particular, en lo referente al préstamo contemplado en ese instrumento al que consideró innecesario en el caso de Tierra del Fuego, sobre todo, dijo, cuando los 1000 millones a los que puede acceder la Provincia son de libre disponibilidad, contrariando así a la Constitución Provincial. La poco sustanciosa defensa que esgrimió respecto del tema el bloque del FPV, convirtió una vez más al radical Blanco en el principal sostenedor de la postura favorable a la ratificación del documento. Blanco precisó que de haberse arribado a un acuerdo político entre Nación y las Provincias, Tierra del Fuego debería haber iniciado un reclamo ante la Corte Suprema para que se le deje de detraer ese porcentaje sobre sus recursos coparticipables. Señaló también que el acuerdo habilita pero no obliga a gestionar el crédito del Fondo de Garantía de la ANSES, y que en caso de hacer uso de esa herramienta financiera los recursos obtenidos deberán afectarse a los fines previstos en la carta magna provincial. Por otra parte, apuntó que los mayores ingresos que se perciban por la restitución del 15% de coparticipación deberán, a su entender, ser distribuidos a los Municipios en los porcentajes que determina la ley de coparticipación interna.
La discusión se da en la mesa técnica
Otro de los temas en los quedó en evidencia la estrategia del MPF tendiente a convertirse en la única voz opositora dentro de la Cámara, y de forzar a las restantes bancadas a tener que fijar postura política contaría, fue la propuesta de habilitar el ingreso sobre tablas, para su remisión a comisión, del proyecto de reforma previsional elaborado por la Unión de Gremios. Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos necesarios para ello, Damián Löffler planteó el pedido como una alternativa que permitiría que los sindicatos nucleados en ese frente depusieran las medidas de fuerza y que todos los sectores de la Administración Pública volvieran a funcionar con absoluta normalidad.
Radicales y Juticialistas se opusieron de plano con argumentos muy similares. Hay funcionando una mesa técnica entre el Gobierno y la mayoría de los gremios estatales en la que se está analizando el régimen previsional, por lo que no resulta oportuno habilitar nuevamente esa misma discusión en el ámbito legislativo. Hay que ser respetuosos de aquellos sindicatos que resolvieron dejar sin efecto su participación en la protesta para buscar una salida al conflicto y evitar adoptar decisiones que pretendan desvirtuar la validez de ese espacio de negociación.
