a financiera Credisur, relacionada a los abogados del Sutef Juan Francisco y Néstor Ignacio Sánchez Otharán, otorgó 3840 créditos con la misma metodología de los dos casos que originaron una causa penal por fraude y usura contra los integrantes de la compañía, según reveló ayer el abogado patrocinante de las presuntas víctimas, Jorge Pintos, en dialogo con EDFM.
Pintos representa a dos mujeres, Mariela Valiente y Rosa Paz, que denunciaron haber pedido créditos por $15 mil y $20 mil cada una, con el requisito impuesto por la financiera de firmar un pagaré en blanco. Y sostienen que abogados de la empresa ejecutaron luego esos pagarés por montos de $74 mil y $78mil, más gastos judiciales, lo que según la acusación del fiscal Gustavo Daniel Curtyale podría constituir el delito de “defraudación por abuso de firma en blanco”.
Además, la Justicia analiza si fueron usurarios los intereses que les cobró la financiera a sus clientas, y que según una pericia oficial fueron del orden del 95% anual, en el mejor de los casos, y del 1425% anual, en la peor de las posibilidades.
Sin embargo, Pintos declaró ayer que el juez Javier De Gamas Soler ordenó tres allanamientos en las sedes de la financiera, ubicadas en Gobernador Paz 224 de Ushuaia y Mackinlay 745 de Río Grande, además de dos órdenes de presentación de documentación, una sobre el contador Gerardo Dahlquinst.
Allí se secuestraron legajos y se realizó un “back up” del sistema informático, y se demostró que “en todos los casos se utilizaba la misma modalidad de otorgamiento de préstamos”, detalló.
Según el abogado, “ello implica un universo de 3840 casos en total, que deberán ser analizados por la Justicia, en función también de las eventuales denuncias que se vayan presentando”.
La cifra surge de un cuadro estadístico incorporado al expediente a través de unas de las pericias ordenadas por el juez De Gamas Soler. Allí se menciona que en 2014, Credisur otorgó 463 créditos en Ushuaia y 1453 en Río Grande, mientras que en 2015 fueron 679 en Ushuaia y 1245 en Río Grande.
En total, la empresa prestó $132,54 millones de pesos en dos años.
Las constancias agregadas a la causa “demuestran que el hecho (de los pagaré en blanco) existió. Queda ahora como tarea del juez, determinar la responsabilidad de cada uno de los siete imputados citados a prestar declaración indagatoria”, señaló Pintos.
En ese sentido, consideró que “uno de los abogados del Sutef (se refiere a Juan Francisco Sánchez Otharán) es socio de la empresa y como dueño no puede desconocer los movimientos de la firma. El otro (Néstor Sánchez Otharán) figura como apoderado y llevó adelante los juicios de ejecución, igual que otros letrados. Allí deberá determinarse el grado de conocimiento que tenían sobre la maniobra que se investiga”.
También dijo que fue citada a declarar “la persona acusada de completar los pagarés”.
En cuanto a los intereses cobrados por Credisur, el abogado interpretó que de acuerdo a las pericias “no caben dudas de que fueron abusivos y exagerados, y de que superan el límite de la usura”.
Pintos contó que sus clientes lograron que la Justicia Civil rechazara la ejecución de los pagarés, con el argumento de que no se había documentado la contratación que dio origen a esas obligaciones.
“El juez Civil nos dio la razón e hizo lugar al plateo de que la empresa no solo debía mostrar el pagaré, sino acreditar el motivo por el cual se hizo de ese documento, o sea el contrato (con la financiera)”, fundamentó el letrado.
El origen de Credisur es una sociedad llamada “Finansur SRL” constituida por Juan Francisco Sánchez Otharán (socio gerente) y Hugo Horacio Ilarregui, el 1 de octubre de 2008.
El 28 de septiembre de 2012, la sociedad cambió de nombre, y pasó a denominarse Lian Group SRL, la denominación con que ahora es investigada por la Justicia.
Por su parte, el 26 de junio de 2015, fue creada “Terra Ignis SA”, una empresa con fines similares a Credisur, cuyos socios fundadores fueron Néstor Ignacio Sánchez Otharán y su hermano Juan Francisco Sánchez Otharán, además de Natalia Monti.
