l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, citó a prestar declaración indagatoria a seis de los gremialistas que en marzo de este año cortaron el tránsito completo de la Ruta Nacional Nº3, en el puesto de ingreso a la ciudad, como parte del conflicto que mantienen sindicatos estatales con el gobierno fueguino por una reforma del régimen previsional en la provincia.
El magistrado notificó de las indagatorias al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catena, principal referente de la llamada “unión de gremios”, a la secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia (SOEM) Sandra Esperón y al secretario gremial del mismo sindicato, Horacio Gallegos.
También fueron imputados en la causa y serán indagados la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y vocera de la unión de gremios, Elisa Dietrich, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Marcelo Cubas y la dirigente del Sutef Florencia Villarreal.
El juez dispuso que Catena, Esperón y Gallegos declaren este jueves 14 a las 9 de la mañana, mientras que los tres restantes lo harán en esa misma jornada pero a partir de las 10.
Según señalaron fuentes judiciales, Calvete no citará por el momento a los demás sindicalistas que fueron individualizados como participantes activos del corte de ruta que dejó aislada a la capital fueguina del resto del país durante once días consecutivos, salvo por levantamientos esporádicos de la medida que resolvían los propios manifestantes.
Entre quienes no serán indagados llamó la atención la ausencia del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, uno de los dirigentes más activos durante la realización de esa medida, y hoy apartado del ala disidente de los gremios estatales.
La interrupción del tránsito como medida de protesta comenzó el 15 de marzo con cortes parciales, y se mantuvo ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los gremialistas decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la Casa de Gobierno.
El corte afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.
Calvete consideró que los acusados, a quienes se identificó a través de filmaciones y fotos tomadas por agentes de seguridad, deberán responder por el presunto delito reprimido en el artículo 194 del Código Penal, con penas de hasta dos años de prisión.
Esa figura involucra a quienes “impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Según consta en la causa judicial, el tránsito en la Ruta 3 fue interrumpido primero de manera parcial, a partir del martes 15 de marzo, por un grupo de estatales que permitía el paso de los vehículos cada 15 minutos.
No obstante, esa jornada, el juez Calvete dispuso las primeras medidas de oficio, tras los informes realizados por efectivos de Gendarmería que daban cuenta del corte y de su origen y condiciones.
Ese mismo día, Calvete firmó la orden de desalojo para “interrumpir la comisión del delito”, aunque la manda judicial no se cumplió, a pesar de que la situación empeoró el jueves 17, cuando los gremios decidieron profundizar la medida y realizar un corte total del camino, con levantamientos esporádicos de una hora, entre una y dos veces por día.
El magistrado reaccionó al empeoramiento utilizando una sus facultades legales, y decidió desligar la investigación en el Ministerio Público, a cargo del fiscal Juan Soria, que comenzó a intervenir en el expediente.
Soria se reunió con el comandante del Escuadrón 44º de Gendarmería en Ushuaia, Rodolfo Villafañe, quien le manifestó que no contaba ni con los efectivos ni con la logística para llevar a cabo el operativo de desalojo.
Ante esa respuesta, el fiscal dirigió un oficio a la Dirección Nacional de Gendarmería, solicitando el despliegue de efectivos y equipamiento para cumplir con la orden que, por entonces, llevaba cuatro días sin concretarse.
Pese a todo, la medida de desalojo siguió dilatándose y nunca se cumplió, hasta que el devenir de los acontecimientos hizo que los sindicatos se retiraran del lugar por propia iniciativa, dejando abstracta la orden judicial de despejar el camino, resumieron las fuentes consultadas por EDFM.
