a Justicia Federal de Ushuaia indagará a otros dos dirigentes en la causa judicial que investiga el corte de la Ruta Nacional Nº3 durante once días consecutivos, en marzo de este año, producto del conflicto que mantienen sindicatos estatales con el gobierno fueguino por una reforma del régimen previsional en la provincia.
El juez Federico Calvete ya indagó a seis gremialistas el pasado jueves 14, y ahora sumó al actual secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba, y a la representante de los denominados “jubilados autoconvocados”, Patricia Blanco, según confirmaron fuentes judiciales.
Ambos deberán presentarse mañana a las 9 ante el tribunal de la capital fueguina.
Tanto Córdoba como Blanco tuvieron participación activa en la protesta que comenzó el 15 de marzo con cortes parciales de la ruta, y se mantuvo ya con bloqueos totales desde el 17 y hasta el 27 de marzo, en que finalmente los manifestantes decidieron abandonar el lugar y concentrar el conflicto en acampes frente a la casa de gobierno de la provincia.
El corte realizado en el puesto policial de ingreso a Ushuaia afectó servicios como el ingreso y egreso de camiones con mercaderías, la distribución de gas envasado, y el movimiento de micros y combis de turismo durante los feriados de Semana Santa, entre otras actividades.
Los sindicatos reclaman la derogación de un paquete de leyes sancionado en enero último que, entre otros aspectos, modificó algunas condiciones de acceso a la jubilación, como la posibilidad de jubilarse a los 40 o 45 años de edad, pero que también declaró la emergencia del sistema jubilatorio y estableció aportes obligatorios a un fondo para la sustentabilidad del régimen.
“Yo me hago cargo de haber cortado la ruta. Sabíamos cuáles eran las posibles consecuencias y las vamos a afrontar, porque creíamos también en la justicia del reclamo”, enfatizó Córdoba en dialogo con medios locales.
Por su parte Blanco, la dirigente de los jubilados, también admitió que la citación judicial era una posibilidad.
“No voy a decir que no me molesta porque sí me molesta, pero por otro lado me encanta ir a declarar, porque tengo mucho que decir. Van a tener que tomarse su tiempo porque tengo que hablar mucho más que de un corte de ruta”, anticipó la dirigente.
También dijo que más allá de esta causa, le gustaría “ver sentados en el banquillo a los responsables políticos de haber llevado a la caja previsional a la situación en la que se encuentra”.
Además de estos dirigentes, la Justicia imputó al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) Horacio Catena, principal referente de la llamada “unión de gremios”, a la secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia (SOEM) Sandra Esperón y al secretario gremial del mismo sindicato, Horacio Gallegos.
También fueron vinculados a la causa y fueron indagados la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y vocera de la unión de gremios, Elisa Dietrich, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (Sejup) Marcelo Cubas y la dirigente del Sutef Florencia Villarreal.
Calvete consideró que los acusados, a quienes se identificó a través de filmaciones y fotos tomadas por agentes de seguridad, deberán responder por el presunto delito reprimido en el artículo 194 del Código Penal, con penas de hasta dos años de prisión.
Esa figura involucra a quienes “impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Calvete había dictado en marzo la orden de desalojo de la ruta, una medida que nunca llegó a cumplirse porque la Gendarmería Nacional argumentó que no tenía los medios necesarios para llevarla a cabo.
