a abogada de Alika Kinán, sobreviviente del delito de trata de personas, realizó críticas a la Justicia Federal de Ushuaia por el sobreseimiento de tres de los imputados en el caso que será juzgado a partir del próximo 7 de noviembre.
Marcela Rodríguez, la patrocinante legal de Kinán y coordinadora del “Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas del Delito de Trata de Personas”, que depende de la Defensoría General de la Nación, cuestionó también que no se le haya permitido a su asistida ampliar la declaración testimonial, y que se la haya desestimado como querellante en esa parte de la causa.
El caso tiene tres imputados que serán enjuiciados en noviembre: Pedro Eduardo Montoya y Claudia Ivana García, el matrimonio sindicado como propietario del local nocturno “Sheik”, de donde fue rescatada Alika en 2012, y Lucy Alberca Campos, quien oficiaba como la encargada del lugar.
Todos ellos están acusados del delito de “trata de personas agravado” y serán juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del fuego.
Sin embargo, Rodríguez criticó al juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien tiene a su cargo la instrucción de la causa, por haber sobreseído a otras tres personas que también estuvieron imputadas y que a su criterio tuvieron un rol activo en los hechos ilícitos que se investigan.
Según la abogada, el juez le negó en varias oportunidades a Kinán la oportunidad de ampliar su declaración testimonial para aportar pruebas contra estos sospechosos, y luego los sobreseyó a través de una resolución que fue apelada por la Fiscalía.
Además, dice que el magistrado le rechazó su condición de querellante en esta parte de las actuaciones, con el argumento de que estos imputados no le habían generado ningún daño.
“Este juicio solo incluye a tres acusados. En cambio, una de las dueñas del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, y que participó de la etapa de captación inicial de las víctimas, además de la encargada del local en ese entonces, no serán enjuiciadas. Lo mismo ocurre con otra persona más”, explicó Rodríguez.
Incluso precisó que estos acusados “se negaron a declarar” y “sin ninguna otra prueba, el juez los sobreseyó”.
La abogada sostuvo que una de estas personas, Claudia Quiroga, es la ex mujer y ex socia del dueño del prostíbulo hasta 2011, e incluso aparece como titular del inmueble y de la habilitación municipal, además de figurar en las libretas sanitarias de las mujeres sometidas a trata.
“Hay servicios a su nombre, su voz está en escuchas telefónicas y ella misma admite que fue parte de la sociedad hasta 2011. Pese al cúmulo de pruebas, fue sobreseída”, insistió la letrada.
También cuestionó que Calvete no haya aceptado una nueva declaración de Kinán, y que la haya apartado como querellante en esa parte del caso.
“El juez postergó la decisión (para que Alika declare) negándole así el derecho a ser oída en todas las instancias, como asegura la ley y más aún cuando se trata de una víctima de este tipo de delitos”, señaló la representante de la Defensoría General.
“Un ejemplo de lucha”
El primer juicio oral y público por el delito de trata de personas en Ushuaia se realizó el año pasado y concluyó el 23 de septiembre, cuando la Justicia condenó a penas de entre 3 y 7 años de prisión efectiva a los seis acusados de integrar una banda dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, a través del local nocturno conocido como “Black And White”.
Los especialistas y activistas que presenciaron ese proceso habían considerado que la sentencia constituía un “antecedente de peso” de cara a la valoración que la Justicia dará a otros hechos similares sujetos a investigación en la provincia.
Según Rodríguez, el caso de Alika “es un ejemplo de lucha” porque “si bien no es la única querellante contra sus captores, sí ha sido quien ha tenido más coraje para dar a conocer esta acción judicial y demostrarle a otras sobrevivientes que es factible actuar de esta manera”.
“En general las víctimas suelen ser temerosas o están amenazadas. Lo de Alika ha sido sumamente valiente y ha permitido que el tema se instale en la agenda pública. Ha sido su forma de enfrentar las huellas que dejan tantos años de visa tortuosa”, valoró la abogada.
Alika Kinán es una de las siete mujeres que fueron liberadas durante un operativo realizado el 9 de octubre de 2012 en el local nocturno “El Sheik”, ubicado en pleno centro de la capital fueguina, donde eran explotadas sexualmente.
Kinán se transformó meses más tarde en una referente social de la defensa de los derechos de la mujer, y actualmente dirige el “Instituto de Género Sapa Kippa”, además de prestar testimonio sobre su propia experiencia de vida en congresos y encuentros nacionales e internacionales.
