l fiscal Daniel Curtale ampliará en las próximas horas el requerimiento de instrucción en la causa penal que investiga por presunto fraude y usura a integrantes y apoderados de la financiera Credisur, entre ellos los ex abogados del sindicato docente Juan Francisco y Néstor Ignacio Sánchez Otharán.
Los letrados que se distanciaron del gremio una vez que se difundieron los pormenores del caso, iban a ser indagados por el juez penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, el pasado martes 10 de agosto, pero las declaraciones fueron postergadas sin fecha fija.
Fuentes judiciales explicaron a EDFM que el magistrado aguardará el nuevo requerimiento fiscal, donde se precisarán (entre otros) los casos surgidos de un relevamiento de juicios ejecutivos, para recién después efectuar las indagatorias a los principales imputados.
La investigación comenzó a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro.
Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias. Algunas están siendo tramitadas por el estudio jurídico del abogado Jorge Pintos, mientras que a la Fiscalía llegaron al menos cuatro más, todos con situaciones parecidas a las que dieron origen al expediente.
Pero De Gamas Soler también amplió el rastreo a las demandas civiles tramitadas por Credisur, tanto en los juzgados de Ushuaia como en los de Río Grande.
Así llegó a los 600 expedientes que la financiera inició por juicios ejecutivos, contra clientes que supuestamente no pagaron sus créditos y habían firmado los pagarés en blanco.
El número es sorprendente, porque implica que la compañía ejecutó casi al 16% de las personas a las que primero asistió con un préstamo.
Sin embargo, los investigadores todavía no constataron que en todos esos casos se haya utilizado la misma modalidad, es decir, ejecución de documentos por valores muy superiores a la suma prestada.
Es por ello que la Justicia analiza cómo convocar a cada uno de los involucrados, quienes podrían ser llamados por la autoridad policial.
Mientras tanto, la estrategia de Credisur consiste en llegar a acuerdos económicos con la mayor cantidad posible de damnificados, de manera de evitar que las denuncias se amplíen y se siga complicando la situación judicial de los imputados.
La empresa también pretende demostrar que las características de los préstamos son similares a las utilizadas por otras firmas del rubro.
Credisur prestó, según pericias agregadas al expediente, $132,54 millones de pesos en dos años, a 3840 personas de Tierra del Fuego.
La firma está acusada de ejecutar judicialmente pagarés en blanco por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, y de cobrar intereses anuales de entre el 95% y el 1400%, según el criterio que se adopte para calcularlos.
El juez investiga a siete personas por los supuestos delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y usura.
Además de los hermanos Sánchez Otharán, están involucrados (con distintos grados de responsabilidad y participación) Hugo Horacio Ilarregui, Gloria Raquel Davicio, Rosana González, Verónica Vanesa Criado y Vanesa Casas.
Ilarregui y Francisco Sánchez Otharán son lo que figuran como socios de Lian Group SRL, la sociedad bajo la que funciona Credisur en sus sedes de la calle Mackinlay 745 de Río Grande, y Gobernador Paz 224 de Ushuaia. Otros, como Casas, actuaron como abogados en los juicios ejecutivos.
Credisur no solo estuvo vinculada al Sutef a través de los abogados Sánchez Otharán, sino porque el sindicato firmó en 2014 un convenio con la financiera, para asistir con créditos a los afiliados de la entidad gremial.
El gremio nunca explicó si los docentes que fueron a gestionar préstamos, sabían de esta situación.
