l juez penal de Ushuaia, Javier de Gamas Soler, procesó a dos manifestantes más por los incidentes ocurridos el 31 de mayo de este año, cuando la Policía desalojó el frente de la Casa de Gobierno, y dio por demostrado que en aquella jornada, un grupo de dirigentes gremiales pretendió “incendiar la sede gubernamental”.
La resolución judicial conocida el viernes, incluye el auto de procesamiento de Roberto Alejandro Tihuel Avendaño, a quien se acusa de haber propagado el fuego en el momento del desalojo, y se le imputa el delito de “incendio con peligro común para los bienes”, además de trabársele un embargo de 150 mil pesos.
Por su parte, el fallo procesó a Víctor Alejandro Marín, vicedirector del turno tarde del Colegio Provincial Kloketen, por el delito de “resistencia a la autoridad” al comprobarse “prima facie” que fue uno de los que arrojó tirantes de madera contra los efectivos policiales.
El mismo juez ya había resuelto semanas atrás la situación de varios sindicalistas acusados de la comisión de delitos por diferentes incidentes ocurridos en el marco del conflicto estatal.
Sin embargo, la responsabilidad penal de estos dos imputados había quedado pendiente, junto con el esclarecimiento de quién o quiénes habían originado el fuego cuando la policía comenzó el operativo de despeje de la calle San Martín.
En ese sentido, De Gamas Soler aprovechó la resolución para realizar valoraciones sobre cómo se sucedieron los acontecimientos ese día y cuál fue el desempeño, tanto de los gremialistas como de los efectivos policiales.
“No existe duda razonable de que la ocupación de la principal arteria de la ciudad por más de tres meses mediante la instalación de construcciones precarias resultaba un medio de protesta ciertamente desproporcionado e intolerable para el resto de la comunidad”, escribió el juez en el pronunciamiento que fue notificado a las autoridades del Gobierno y la Municipalidad. Y agregó, después, que “de ninguna manera puede tolerarse que un grupo de personas afecte a toda la comunidad por un amplísimo lapso temporal, cuando aquello que estaba en tela de juicio eran leyes sancionadas por la propia Legislatura provincial”.
En la misma línea, De Gamas Soler defendió el accionar policial durante el operativo, al sostener que “fueron los uniformados quienes resultaron ferozmente atacados, resultando algunos de ellos con lesiones de consideración y pese a ello se optó por desplazar a los manifestantes para lograr el desarme de las construcciones emplazadas en plena calle”.
“Las acciones violentas desplegadas por los manifestantes para resistir el desalojo son las que merecen reproche”, afirmó.
En el caso de Marín, el magistrado dio por probado que se trata de uno de los dirigentes identificados en las filmaciones “arrojando diversos elementos contundentes, entre ellos una tarima de madera y un tirante encendido fuego”.
A su vez, sobre el origen del fuego, la resolución judicial menciona que hubo dos focos de incendio, ubicados uno cerca del otro, próximos a la calle Roca, y da por demostrado que se utilizaron sustancias combustibles y madera para avivar el fuego en el momento del operativo.
A Tihuel Avendaño le adjudican haber sido una de las personas que propagó las llamas, arrojando tarimas y favoreciendo la combustión.
Según el juez, la cantidad de material encendido, incluso frente a la puerta del edificio gubernamental, demuestra que “los manifestantes, o al menos algunos de ellos, habían tomado la decisión de incendiar la sede gubernamental aunque no lograron su cometido por mero azar”.
La decisión judicial también le impuso a los acusados la prohibición de acercamiento, a menos de 100 metros, del vicegobernador Juan Carlos Arcando y de la gobernadora Rosana Bertone, a la vez que también dictó la falta de mérito o el sobreseimiento parcial de otras personas en los mismos hechos o en otros, como las amenazas denunciadas por la directora del colegio Kloqueten contra el propio Marín.
| Gobierno anunció que reubicará a Marín A últimas horas de la tarde el Gobierno anunció oficialmente que por orden judicial, iba a reubicar al dirigente del SUTEF Víctor Marín. El comunicado oficial daba cuenta que el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Ushuaia requirió al Gobierno provincial la inmediata reubicación en otra dependencia del dirigente sindical del SUTEF y vicedirector del Colegio Kloketen Anexo Víctor Marín, con el fin de “evitar que pueda continuar efectuando actos de hostigamiento y denigración por su condición de mujer al personal femenino” de dicho establecimiento educativo, señala el oficio enviado por el Juez Javier de Gamas Soler. En tal sentido, y por expresa instrucción de la Gobernadora, el Ministro Jefe de Gabinete dispuso el envío de las actuaciones al Ministerio de Educación para dar cumplimiento al mandato judicial y evaluar la pertinencia de llevar adelante las acciones sumariales administrativas, si es que correspondieren. En el mismo oficio judicial, se informa que Víctor Marín está procesado por el delito de resistencia a la autoridad, al tiempo que se le fue trabado un embargo de 12 mil pesos y se le impusieron reglas de conducta tales como la prohibición de acercamiento a la Gobernadora y al Vicegobernador. “Cabe recordar que Marín también fue exonerado de la administración pública por su comprobada participación en la violenta toma de la Casa de Gobierno ocurrida en el 2015, sanción que hasta el momento no pudo hacerse efectiva por contar el dirigente con tutela sindical”, señalaron desde el Gobierno. |
