i mayores sorpresas se desarrolló el viernes pasado la 5 sesión ordinaria de la Legislatura, en la que por mayoría terminaron convirtiéndose en ley la adhesión de Tierra del Fuego al régimen de sinceramiento fiscal que rige a nivel nacional; la implementación del régimen para que obras social y prepagas regularicen sus deudas con los hospitales públicos; la prórroga de mandatos de los actuales directores del IPAUSS hasta el 31 de diciembre, y por unanimidad la declaración de rechazo a los ejercicios militares que Gran Bretaña está desarrollando en Malvinas.
“Una adhesión política”
El asunto que mayor controversia generó entre oficialismo y oposición fue la adhesión a la ley nacional que estableció el sistema de blanqueo de capitales, pero no por el blanqueo en sí mismo sino por el hecho de que el Ejecutivo estableció dentro de los tributos provinciales sujetos a “blanqueo” el inmobiliario urbano, cuando para el MPF y la UCR ese impuestos es de jurisdicción municipal. Esta disidencia en cuanto al tratamiento de ese impuesto reeditó el debate que se diera a comienzo de año cuando se aprobó la ley 1075 -código fiscal- que estableció el cobro del inmobiliario urbano por parte la Provincia, más allá que esa parte de la ley fue suspendida en su aplicación hasta tanto haya una resolución judicial sobre esa cuestión de competencia. Mientras el bloque oficialista defendió la facultad constitucional de la provincia para percibir ese impuesto directo, radicales y mopofistas ratificaron su pleno convencimiento sobre el carácter municipal que ese tributo tiene en Tierra del Fuego. Ello derivó en que los 4 legisladores del MPF y el radical Rubinos votarán en contra del proyecto, y que los radicales Blanco y Martínez Allende lo hicieran en disidencia pero únicamente sobre ese aspecto en particular. La ausencia de la legisladora del FPV Marcel Freites -a la que se sumó la del Vicegobernador por estar al frente del Ejecutivo- generó un empate en la votación en particular del inciso b del artículo 3, que forzó el desempate por parte de la vicepresidenta 1ª, Myriam Martínez.
La discusión sobre este punto del proyecto deslavó el cuestionamiento de fondo que respecto del blanqueo planteó el mopofista Löffler, quien sostuvo que por mandato constitucional en Tierra del Fuego no podía avanzarse en un blanqueo como el dispuesto a nivel nacional, sino sobre un régimen de regularización de deudas tributarias como el que ya rige en la Provincia. “Lo que deberíamos hacer es incorporar a ese régimen a quienes se sumen a la ley nacional de blanqueo”, salvo, dijo, que detrás de esta iniciativa se esconda alguna “picardía” apuntaba a posibilitar que “alguien pretenda blanquear en Tierra del Fuego capitales de otras jurisdicciones”.
Sobre esta objeción de fondo, el radical Blanco dijo que podía “compartir los argumentos de Löffler”, pero defendió la aprobación del proyecto por tratarse de “una adhesión política”, más que una adhesión técnica.
En definitiva, la iniciativa del Ejecutivo resultó aprobada por 9 a 5 en la votación en general y por 8 (voto desempate de presidencia) a 7 en la votación particular del inciso b del artículo 3.
Furlan en disidencia
Una de las sorpresas que deparó la sesión del viernes fue el voto en contra del legislador oficialista al proyecto que prorrogó hasta el 31 de diciembre los mandatos de los directores del IPAUSS y postergó hasta el 1 de enero la entrada en vigencia de la nueva caja de jubilaciones y de la nueva obra social, que vendrán a reemplazar al organismo unificado de la seguridad social.
Si bien el justicialista no fundamentó su posición, trascendió que fue una especie de voto de censura a la figura del actual presidente del IPAUSS, Rubén Bhantje, y un primer gesto de disidencia respecto del Ejecutivo, que estaría más vinculado a la interna partidaria que a la gestión gubernamental de Bertone.
Es de tener en cuenta que el voto de los demás legisladores del FPV y de los radicales Blanco y Martínez permitieron que el proyecto fuera aprobada, más allá de la oposición de los parlamentarios del MPF, el radical Rubinos y del oficialista Furlan.
Las otras dos “sorpresas”, la votación unánime y si fundamentación alguna de dos proyecto de resolución mediante los que la Legislatura solicitó al Gobierno Nacional la no aplicación del decreto 751/12, que excluyó a la actividad hidrocarburífera de los beneficios impositivos de la 19.640 -que hace 4 años atrás había sido defendido a capa y espada por la representación parlamentaria del FPV como un logro político de la por entonces gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y se rechazó la realización de ejercicios militares en Malvinas por parte de Gran Bretaña y se instó a las autoridades naciones “a defender y hacer cumplir -ante los foros y organismos nacionales apropiados- la cuestión Malvinas, en el marco del mandato impuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a ambos países a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y de a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras el proceso recomendado por la Asamblea General está pendiente”.
Sobre este tema existían inicialmente dos proyectos, uno del FPV -que es el que finalmente resultó aprobado- y otro de la UCR-Cambiemos que únicamente repudiaba los ejercicios militares, que fueron unificados para su abordaje en sesión.
La próxima sesión quedó pautada para el jueves 24 de noviembre.
