yer por la mañana, vecinos del barrio 15 de Octubre en Margen Sur de Río Grande, se hicieron presentes en las instalaciones del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) en donde mantuvieron una extensa reunión con los directores.
Allí, les expresaron a las autoridades del IPV el interés que existe por parte de los vecinos de regularizar su situación e iniciar el pago de las cuotas correspondientes a las viviendas que recibieron hace casi una década
Sergio Gutiérrez, integrante de la comisión barrial, expresó que “nosotros vinimos a entrevistarnos con ellos, ya que queremos regularizar nuestra situación. Hace unos días el barrio cumplió sus 10 años de vida y aún no hemos comenzado a pagar por las viviendas”.
“Hemos tenidos reuniones con el IPV, tienen muy buena voluntad. En la actualidad nos han revalorizado las viviendas sociales, ya que costaban $ 390.000 y nos parece muy caro porque las casas tienen una sola habitación y una cocina comedor. Esto para nosotros no tiene lógica, por eso nosotros pedimos que se reanalice”, explicó el dirigente vecinal.
Asimismo, agregó que “necesitamos empezar a pagar para poder definir la adjudicación lo más antes posible, para que la gente en un futuro tenga las escrituras de sus viviendas. Otra de las problemáticas que tenemos son los terrenos que personas inescrupulosas tomaron, muchos de ellos han vendidos esos terrenos y demás actitudes irregulares”.
En la zona, muchas de las viviendas fueron ampliadas incluso con segundas plantas y en otros casos, se montaron negocios independientes o adosados a esas casas. Según Gutiérrez, quienes instalaron comercios en sus viviendas sociales “son personas inescrupulosas, muchos de ellos tienen una buena entrada económica”.
Por otro lado, el vecino del barrio 15 de Octubre aseguró que “el plan original de viviendas nacional eran de 218 y solo se entregaron 153 en el barrio. No obtuvimos respuestas del por qué no se construyó el resto”.
Durante la reunión, la vicepresidente Laura Montes explicó que en efecto hubo viviendas que no se pudieron construir porque los terrenos fueron tomados, lo que derivó en que más de 50 viviendas no fueran construidas.
Asimismo manifestaron desde el IPV que se encuentran revisando la situación de las familias que viven en esos terrenos usurpados. Además se está realizando un análisis de cada caso social que recibió viviendas en la zona a partir de las denuncias de los vecinos sobre las ampliaciones y los comercios instalados en el sector.
