a máxima representación política de los Municipios de Ushuaia y Río Grande se reunirá hoy a la mañana con legisladores del oficialismo y de la oposición, a los que plantearán su preocupación por lo que entienden constituye un avance por parte del Poder Ejecutivo provincial sobre las autonomías municipales, al haber judicializado su pretensión de recuperar plenamente la potestad sobre la percepción del Impuesto Inmobiliario.
De no mediar cambio alguno de último momento, el encuentro peticionado por ediles riograndenses está previsto que comience a las 11 en la sala de comisiones del edifico de bloques y que del mismo tomen parte, cuanto menos, los radicales Blanco y Martínez Allende, los mopofista Urquiza y Löffler, y los oficialistas Furlan y Romano.
Este nuevo capítulo en la disputa entre Provincia y Municipios en torno al Impuesto Inmobiliario comenzó a escribirse hace pocos días atrás, cuando se conoció que desde la Agencia de Recaudación Fueguina se planteó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza sobre los alcances del capítulo de la ley 1075, que fuera sancionada por mayoría por la Legislatura en la sesión especial del 8 y 9 de enero.
En aquél entonces el proyecto de ley de Código Fiscal que había presentado el Poder Ejecutivo resultó aprobado en general con los votos favorables de los 8 legisladores del FPV y de los radicales Blanco y Rubinos (Martínez Allende estuvo ausente) y la oposición de los 4 parlamentarios del MPF, en tanto que en el tratamiento en particular los artículos específicamente referidos al Impuesto Inmobiliario fueron aprobados únicamente con los votos del bloque oficialista, ya que radicales y mopofistas entendieron que la ley le estaba quitando a los municipios la facultad de cobrar el Impuesto Inmobiliario urbano, que le fuera cedida con anterioridad a la provincialización, y que de esa manera manera se afectaba su autonomía financiera y económica.
Los artículos cuestionados establecen “que los recursos producidos por el excedente en el cobro del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles urbanos, respecto del importe actual recaudado por los municipios según bases imponibles y alícuotas que aplican a la fecha, serán coparticipados con los municipios de la provincia que adhieren a la presente ley, debiendo los mismos dejar de cobrar el impuesto creado por las ordenanzas locales”; que “la coparticipación establecida en el artículo anterior será del 60%, considerando los inmuebles urbanos localizados en cada ejido municipal, respectivamente” y que “la Provincia podrá designar como agentes de percepción y/o de fiscalización del impuesto a los municipios de la provincia, los que podrán retener la parte correspondiente a la coparticipación del impuesto, conforme el artículo anterior, en el porcentaje que corresponda”.
Más allá de que en la sesión de la Legislatura el legislador oficialista Furlan había mencionado que respecto del tema existía “por llamarlo de alguna manera” un acuerdo político con los intendentes, desde los Municipios de Río Grande y Ushuaia se manifestaron en contra de la ley y rechazaron adherir a la misma.
Ante esta situación, el 14 de junio el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley para suspender la aplicación del capítulo del Código Fiscal referente al Impuesto Inmobiliario “hasta que la autoridad de aplicación de la Ley provincial 1075 resuelva, por las vías legales pertinentes, el riesgo de doble imposición”.
La Administración Bertone justificaba ese pedido argumentando que mediante la ley provincial 1075 “la Provincia reasumió su facultad impositiva originaria respecto del Impuesto Inmobiliario. Sin embargo actualmente co-existen múltiples Impuestos Inmobiliarios en el ámbito de la Provincia. Nótese al respecto que al momento de la presentación del presente proyecto de ley se encuentra vigente, por un lado, el Impuesto Inmobiliario a nivel Provincial, y por el otro, los vigentes a nivel Municipal en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, respectivamente.
Esta coexistencia de un mismo tributo a nivel Provincial y Municipal conlleva un eminente riesgo de doble imposición respecto del universo de contribuyentes, responsables y terceros sujetos a dicho impuesto, vulnerándose la competencia constitucional de carácter originaria y excluyente de la Provincia, afectando la seguridad jurídica, el principio constitucional de reserva de ley y repercutiendo en un perjuicio ilegítimo en cabeza de los contribuyentes a raíz de la doble imposición que generaría su gravabilidad por el Estado provincial y los municipios. Por los motivos esgrimidos, el presente proyecto de Ley propicia dispensar a la autoridad de aplicación de liquidar, reclamar, intimar o proseguir con la exigencia del pago y/o percibir el Impuesto Inmobiliario establecido en la Ley Provincial N° 1075 hasta que dicho organismo resuelva, de modo definitivo, la yuxtaposición del mentado impuesto a efectos de evitar la doble imposición.”
El proyecto de suspensión resultó sancionado con el voto favorable de los 8 legisladores del FPV y los 3 del radicalismo, y la oposición de los 4 representantes parlamentarios del MPF.
Resulta evidente que, más allá de las opiniones respecto de a quién compete el cobro del impuesto inmobiliario, la Legislatura resolvió por mayoría que la controversia debía resolverse “por las vías legales pertinentes”.
De allí que pueda inferirse que los legisladores que votaron favorablemente el 16 de junio la ley 1086, sostengan hoy ante intendentes y concejales esa misma postura. Es decir, que el Superior Tribunal de Justicia defina la cuestión.
