ldquo;Piden pan, no les dan; Piden queso, les dan hueso...” dice una de las canciones populares latinoamericanas más conocidas. Tal vez esa frase represente de manera acabada lo que sucedió ayer en el encuentro que reunió al vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales de Ushuaia y Río Grande.
A los largo de las casi dos horas que se prolongó el encuentro quedó en evidencia que el Parlamento no está dispuesto, por lo menos en esta instancia, a intervenir activamente en la resolución de la controversia suscitada entre el Ejecutivo provincial y los municipios por la potestad de valuación y percepción del impuesto inmobiliario, generada a partir de la sanción de la ley 1075 y de la acción declarativa de certeza que la Agencia de Recaudación Fueguina planteó ante el Superior Tribunal de Justicia, para que defina a quién corresponde la percepción de los denominados tributos directos, en este caso el Impuesto Inmobiliario.
En resumidas cuentas dos fueron las posturas sustentadas por los legisladores.
Desde el radicalismo se planteó que la solución a la controversia debía surgir de una negociación política entre la Gobernadora y los intendentes, previa a la resolución judicial de la acción declarativa de certeza. “Si fuera Intendente estaría muy preocupado si esto se resuelve judicialmente. Busquen el camino de la negociación política con el Gobierno”, les recomendó Pablo Blanco.
El bloque del MPF, más allá de ratificar que ese partido es un fiel defensor de las autonomías municipales, sostuvo que la solución judicial ya está planteada en la ley 1086 -que suspendió temporariamente la aplicación de la 1075-, pero más allá de ello medio que se corrió de la discusión por entender que se está no ante una conflicto institucional sino partidario, y “uno no quiere quedar atrapado en las peleas o disputas internas del FPV” apuntó Pablo Villegas.
Por el lado del oficialismo el vicegobernador, Juan Carlos Arcando sostuvo que a entender del Ejecutivo la ley 1075 no avanza sobre la autonomía municipal y que como “hay una controversia, la tiene que resolver la Justicia”.
En tanto la Legisladora Myriam Martínez fue terminante.“El FPV va a esperar que la Justicia se expida, porque hasta ahora no pudimos ponernos de acuerdo, y después del fallo será la política la que acuerde, tal cual sucedió con la 648”, señaló haciendo referencia a la forma en que se terminó resolviendo la controversia que se generó entre la Provincia -durante la gestión Ríos- y los Municipios por el financiamiento del sistema educativo.
El también oficialista Ricardo Furlan planteó una posición menos inflexible. Dijo que como “la Gobernadora no tiene la voluntad de perjudicar a los Intendentes, lo que tienen que tratar es buscar una salida política, y creo que la Gobernadora lo va a hacer”.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, no se mostró para nada satisfecho con la posición de la Legislatura y mucho menos con que la negociación política con la Gobernadora sea el camino posible de solución. “Si estamos acá es porque fracasó el diálogo con el Ejecutivo”, afirmó.
Haciendo una especie de repaso histórico dijo venía manteniendo por este tema charlas con el Ejecutivo. “La última vez que lo hablé fue hace unos 20 días, mientras el Gobierno presentaba la acción ante la Justicia” precisó. En función de ello apuntó que buscaba la intervención de la Legislatura “para no volver a vivir un conflicto” como el que vivió la Provincia con la 648.
Aún cuando dijo coincidir con Furlan en cuanto a que no había voluntad de la Gobernadora de perjudicar a los Municipios, no dudó en indicar que la 1075 constituía “un precedente para después discutir el impuesto automotor”.
Alertó que de suceder ello “vamos a estar muy comprometidos”, porque la potencial pérdida de ingresos, sumada a la deuda de 140 millones de pesos coparticipación acumulada durante este año, lo obligaría a “dar de baja el contrato de recolección de residuos” y a reducir en “200 ó 300” cargos la planta de empleados municipales.
Gustavo Melella, intendente de Río Grande, dijo que a principios de año estaban trabajando “con el ministro de Economía y Capellano -titular de la AREF-” el tema del inmobiliario, pero que no se llegó a nada porque “en el medio se aprobó la ley”.
Sostuvo que la discusión por el Impuesto Inmobiliario urbano iba más allá de la cuestión estrictamente económica ya que la ley 1075 afectaba el principio de autonomía que tanto la Constitución Provincial como las cartas orgánicas le reconocen a los municipios de Tierra del Fuego, y que eso no es negociable. A esta postura adhirió Vuoto. “No pienso ser el Intendente que entregue la autonomía municipal”, dijo.
El único de los participantes de la reunión de ayer que abordó el tema desde una perspectiva distinta fue el legislador Löffler. El mopofista planteó que la situación que se está viviendo a partir de la sanción de la ley 1075 tiene que servir para que dentro de la Legislatura se tome conciencia de que, por primera vez en la historia de la provincia, “el Gobierno tiene la fuerza política para hacer lo que quiera” y que ello obliga al Parlamento a convertirse en el contrapeso natural del Ejecutivo.
“Estos temas -por la 1075 u otras leyes- se tienen que discutir antes, porque tenemos que tener mucha responsabilidad en las herramientas que le damos al Ejecutivo” para evitar la concentración de poder.
Las exposiciones de los concejales de Ushuaia y Río Grande no agregaron muchos más que los planteado por los intendentes.
De la reunión tomaron parte, además del Vicegobernador, los legisladores del FPV Martínez, Furlan, Bilota, Carrasco, Romano, Gómez y Harrington; los radicales Blanco y Martínez Allende, y los mopofistas Urquiza, Boyadjián, Löffler y Villegas.
Por la municipalidad de Ushuai, el Intendente, los secretarios de Gobierno, Omar Becerra, y de Finanzas, Lucas Gallo, y los concejales Ricardo Garramuño, Gastón Ayala, Hugo Romero y Silvio Bocchicchio.
En tanto que por Río Grande lo hicieron el Intendente, el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runín, y los concejales Paulino Rossi, Omar Nogar, Eugenia Duré, González, Mora y Laura Colazo, quien estuvo acompañada por su padre, el destituido gobernador Jorge Colazo.
