a pretensión del Poder Ejecutivo provincial, plasmada en la ley 1075, de modificar el actual esquema de percepción del Impuesto Inmobiliario Urbano disparó una controversia política con los municipios que, a decir verdad, no resulta novedosa para Tierra del Fuego, ya que a lo largo de estos ya casi 26 años de Provincia en varias oportunidades se ha planteado la necesidad de rediscutir el actual esquema de distribución de recursos entre el estado provincial y los estados municipales.
Inicialmente, allá por los años 90, el debate se proponía desde la perspectiva de la redefinición de roles o competencias entre la Provincia y los municipios, lo que en el fondo escondía el objetivo real; definir con qué parte de los ingresos que ingresaban a las arcas estatales se quedaba cada quién en función de los servicios que prestaba.
Por ese entonces se acuñó aquella frase -que luego fuera utilizada como latiguillo a lo largo de los años por todos los Gobernadores- de “Provincia pobre, Municipios ricos” para marcar la dicotomía que existía entre un Estado provincial que se hacía cargo de la mayoría de los servicios - Salud, Educación, Seguridad y Vivienda- y municipios que únicamente brindaban los clásicos servicios urbanos, pero que se quedaban con una importante tajada de los recursos económicos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de tributos provinciales y de las regalías hidrocarburíferas, y que además recaudaban para sí los impuestos Inmobiliario Urbano y Automotor.
Todas las fuerzas políticas a las que les tocó gobernar la Provincia (MPF, PJ, Alianza UCR-PJ, ARI-PSP, FPV) pretendieron, con más o menos ímpetu, avanzar en la modificación del esquema de reparto de recursos que la Provincia había heredado de su época de Territorio Nacional.
La opinión del fiscal de Estado
Quien planteó como mayor dureza el tema fue el fiscal de Estado a mediados del 2010.
Por ese entonces, Virgilio Martínez del Sucre emitió un dictamen en que calificaba de “irracional” y “ruinoso” para la Provincia el sistema de distribución de recursos a los municipios, y al que consideraba principal responsable de haber llevado a Tierra del Fuego “a este abismo de una provincia inviable”.
En ese documento hacía un repaso histórico sobre cómo se había ido generando ese, a su entender, injustificado traspaso de recurso a favor de los municipios y en detrimento de la Provincia.
Para ello se remontaba al año 1983, cuando el último gobernador militar de Tierra del Fuego, Raúl Suárez del Cerro, sancionó y promulgó la ley territorial 191 que determinó el régimen de distribución de los impuestos locales, la coparticipación federal y las regalías hidrocarburíferas. Señalaba que Suárez del Cerro en “forma inusual” y en contraposición a lo que era la costumbre y legislación en la mayoría de las provincias “graciosamente le cedió el 50% de lo recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario y patente automotor a los municipios”, y que eso fue “a título absolutamente de gracia real, ya que ningún servicio o carga se transfirió a ninguno de los municipios para que justificara tamaña pérdida patrimonial, y consecuente enriquecimiento sin causa por parte de los municipios”.
Agregaba que en 1984, ya con la democracia recuperada y con el radical Adolfo Sciurano en el Gobierno fueguino, la Legislatura territorial en la que los representantes del PJ y del MPF (partidos que gobernaban los municipios de Río Grande y Ushuaia, respectivamente) eran mayoría, aprobaron la ley orgánica de municipalidades mediante la que “en forma totalmente inesperada y sin sustento lógico, y en detrimento de la comunidad en su conjunto” se cedió a los municipios el 100% de lo recaudado por “impuestos de patentes de automotor, rodados en general e inmobiliario urbano” sin imponer como contrapartida ninguna carga u obligación.
Reseñaba que ya en el año 1988 se sancionó la ley 343, que modificó el régimen de coparticipación vigente hasta ese entonces, para elevar “la coparticipación de los impuestos locales de Sellos e Ingresos Brutos del 50 al 60% a favor de los municipios, la de la coparticipación federal del 20 al 30% y las regalías del 15 al 20%” sin establecer contraprestación ni transferencia de cargas o servicios que lo justificaran. A ello agregaba que esa zaga de reiteradas “apropiaciones” de recursos a las arcas de la Administración provincial por parte de los municipios tuvo su último capítulo en 1993. En aquél entonces la flamante provincia de Tierra del Fuego, que era gobernada por el mopofista José Estabillo, firmó un convenio con la Nación en el que se reconocían una serie de beneficios a la Provincia.
Entre ellos figuraban la entrega de 160 millones de bonos de consolidación más un aporte financiero transitorio equivalente al 0,312% del monto total recaudado por los gravámenes alcanzados por la ley nacional de coparticipación federal de impuestos, con vigencia hasta la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal. Hasta ese entonces Tierra del Fuego, recordaba el fiscal de Estado, recibía únicamente un coeficiente de coparticipación del 0,388%, por lo que con el nuevo índice que se sumaba al histórico los ingresos de origen nacional se incrementaban en un 80%.
Destacaba que en ese acuerdo se establecía que ese apoyo financiero transitorio no era de naturaleza coparticipable a los municipios, ya que tenía por destino dar sustento económico a la “instalación y puesta en funcionamiento de las instituciones y autoridades previstas en la Constitución Provincial” que había sido sancionada en 1991.
En ese mismo marco se indicaba que el proceso de provincialización requería “introducir modificaciones en la distribución de recursos entre poderes públicos provinciales y municipales”, en virtud de lo cual “los municipios aceptaron reducir su participación en los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos del 60 al 45%, y en la coparticipación federal del 30 al 25%”, pero como contrapartida “impusieron a la provincia coparticiparlos” sobre el nuevo índice reconocido transitoriamente por la Nación a la Provincia.
Ese, a su entender, “fue el último golpe mortal a cualquier aspiración de una provincia seria y sustentable en el tiempo”.
Desde aquél entonces poco se ha modificado el esquema de reparto de recursos. El cambio más sustancial lo constituyó el acuerdo político que resolvió el conflicto judicial por el financiamiento del sistema educativo provincial, por el cual los municipios resignaron el 25% de los recursos que les correspondían por coparticipación de ingresos tributarios provinciales para financiar el “Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales” destinado a solventar las políticas de servicios sociales en salud y educación.
Tierra del Fuego y las otras 22
En la actualidad, de las 23 provincias que conforman el país sólo Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego cedieron a los municipios la percepción del Inmobiliario Urbano. Dentro de este último grupo se presentan además realidades distintas, ya que en algunas es la Constitución la que determina la potestad municipal sobre el Inmobiliario Rural y en otras leyes provinciales.
Además, debe tenerse en cuenta que también son distintas las competencias asignadas por las cartas magnas a los Municipios. Así, por ejemplo, en Santa Cruz es la Constitución la que determina que “las Municipalidades podrán establecer por sí solas impuestos que graven los bienes inmuebles, que se encuentren en su jurisdicción, excluyendo las mejoras” y la que les establece que deben atender lo inherente a la salud pública y centros asistenciales, así como a los servicios de previsión y asistencia social, crear y fomentar establecimientos de enseñanza y participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional.
A diferencia de ello los de Tierra del Fuego sólo tienen a su cargo las denominadas competencias clásicas, con excepción del servicio de agua y cloacas y de, parcialmente, el Atención Primaria de la Salud que presta el Municipio de Río Grande.
A pesar de ello, Tierra del Fuego es entre grupo de provincias la que mayor porcentaje de recursos coparticipa a los Municipios, ya que a estos corresponde el 26,10% de los recursos de coparticipación nacional; el 21,10% de las regalías hidrocarburíferas y el 46,10% de la recaudación de tributos locales (se considera la alícuota adicional del 1,10% sobre la masa coparticipable que recibe Tolhuin). Contra el 11%, 7% y 32%, respectivamente, que distribuye Santa Cruz; o el 10%; 30,4% (16% de hidrocarburíferas y 14,4% hidroeléctricas) y 10%, respectivamente, que se coparticipa en Chubut; o el 10% de nacionales y 10% de locales que reparte Formosa.
Pero Tierra del Fuego también se encuentra a la cabeza del ranking de coparticipación a los municipios entre las 23 jurisdicciones del país. Ya que entre las 16 que cobran el Impuesto Inmobiliario Urbano la que más coparticipa es la de Jujuy con un 30% de los recursos nacionales; 40% de regalías y 30% de la recaudación local. La de Río Negro, en tanto, distribuye 10%; 10% y 26,5%, respectivamente, y la de Buenos Aires el 16,14% de nacionales y el 16,14% de locales, por ejemplo.
