ldquo;Con el objeto de garantizar la inmediata ejecución de las obras endientes a responder a la demanda habitacional en las Ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, como así asegurar la plena capacidad y funcionalidad de los edificios públicos en actividad y la pronta incorporación de nuevas infraestructura edilicias y de equipamiento comunitario” el Poder Ejecutivo presentó, con trámite de urgencia, un proyecto de ley que “la emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario por el término de 12 meses” contados a partir de su promulgación, el que podrá se extendido por otros 12 meses.
En ese marco, para dar “agilidad en la concreción de las licitaciones y el seguimiento de obras” habilita que “las compras y contrataciones de bienes y servicios que deban realizarse para el cumplimiento del objeto de la ley, así como las obras de refacción, mantenimiento y nuevas obras a ejecutarse (…) podrán ser contratadas mediante el procedimiento de licitación privada en virtud de las razones excepcionales declaradas en la presente ley o de manera directa”, por montos máximos que van de los 5 millones, para la contratación directa, hasta los 10 millones para las licitaciones privadas.
La iniciativa determina que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos “deberá elaborar un plan de trabajo referido a la emergencia” y “establecer pautas para la reparación, refacción o reacondicionamiento de los edificios que no cuenten con una infraestructura acorde a su funcionalidad y proyectar las obras nuevas necesarias destinadas tanto al funcionamiento de organismos públicos, como a la satisfacción de las necesidades vinculadas al cumplimiento de sus misiones y funciones”, entre las que se cuentan la infraestructura en comunicaciones, minería, energía, saneamiento, la actividad vial.
Por otra parte, el Instituto Provincial de Vivienda tendrá que “elaborar y ejecutar un plan de trabajo referido a la emergencia (…) para la reparación, refacción, ampliación o reacondicionamiento de las soluciones habitacionales, que se encuentren deshabitadas o no, y fijando el plan de acción para las obras nuevas que deberán ejecutarse durante el año 2017”.
En el fundamento del proyecto se indica que quedan al margen de esta emergencia los “establecimientos educativos, obras incorporadas al Plan Director de Infraestructura Sanitaria y obras de infraestructura de saneamiento ambiental, tratamiento de efluentes y agua potable” por cuanto esta se encuentran amparadas por las emergencias dispuestas a fines del año mediante las leyes 1133,1134 y 1135.
El Poder Ejecutivo indica en el escrito que durante el 2016 “a través de diversas gestiones realizadas por el Gobierno Provincial se logró la autorización del giro a las arcas provinciales de fondos provenientes de programas nacionales destinados, entre otros supuestos, a obras de infraestructura y soluciones habitaciones para las tres ciudades de la Provincia” y justifica la pretensión de aplicar mecanismos de excepción para la contratación de esa obras en que “dichos programas, para su correcto funcionamiento, sumado a los diferentes mecanismos de control que contemplan, prevén plazos de ejecución y rendición de gastos que en la mayoría de los supuestos no resultan compatibles con los mecanismos previstos en nuestra legislación provincial”.
A ello agrega que “aun tratándose de obras que sean ejecutadas a través de fondos provinciales”, por la “trascendencia social” que tiene las mismas “resulta a todas luces prioritaria la satisfacción de las demandas edilicias, especialmente aquellos destinados a la atención de las problemáticas de la niñez, vejez y la familia y la ejecución de nuevas obras edilicias y de equipamiento comunitario”, razón por la cual se entiende necesario “otorgarles la prioridad que el interés público exige, y agilidad en la concreción de las licitaciones y el seguimiento de obras, asegurando a las generaciones presentes y futuras los espacios y equipamientos óptimos para su desarrollo”.
Para darle sustento fáctico a su pretensión, refiere que en la provincia existen –de acuerdo al listado de inscriptos en el IPV- 10.115 familias (5.494 en Ushuaia, 4.428 en Río Grande y 193 en Tolhuin) que no tienen vivienda propia, y que la agilización de la obra pública tendrá un efecto dinamizador para la economía fueguina.
Se apunta que “como es de público y notorio conocimiento, dable es indicar que el nivel de la actividad de la construcción en general, tanto a nivel nacional como local, ha registrado una caída, lo que genera grave preocupación en el Gobierno Provincial, como en los sectores gremiales y empresariales relacionados a la actividad”, y que “el presente proyecto apunta a dotar de mayor dinamismo y brindar herramientas más ágiles para la realización de obras públicas, y, de esta manera, lograr prontamente la generación de empleo genuino y de calidad, la recuperación del sector de la construcción, y, en consecuencia, el apuntalamiento del desarrollo de la economía en general de la Provincia”.
Recuerda que “las leyes de emergencia dictadas en el mes de enero del año 2016 destinadas a la reforma y refacción de los establecimientos educativos, obras de saneamiento ambiental y provisión de agua potable y el Plan Director de Infraestructura Sanitaria han demostrado que los mecanismos allí implementados lograron agilizar la consecución de resultados concretos, posibilitando mejorar en términos sustanciales la celeridad de los procedimientos administrativos, con la consiguiente inmediatez de la mejora de calidad de vida de quienes usufructúan de manera directa dichas obras, como así también de todos los ciudadanos que pudieron inaugurar en sus barrios o localidades obras que beneficiaron a todos los habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego”, y que, por ello, “resulta necesario instrumentar medidas de emergencia que permitan llevar adelante la inmediata ejecución de las inversiones y obras que generen una pronta respuesta a las necesidades de la población de la Provincia, en un constante esfuerzo por la mejora integral del sistema”.
