al vez podría ser demasiado tarde pero tal vez no. Es que 5 legisladores presentaron ayer el pedido de sesión extraordinaria ante la Comisión de Receso para tratar sobre tablas el trámite de urgencia a seis proyectos enviados por el Gobierno.
Es que el reloj corre y la discusión pasará por si los 30 días para la promulgación de hecho, a partir de la presentación de los proyectos no tratado, se deben contar de manera corrida o cómo días hábiles administrativos.
La nota para el pedido de sesión extraordinaria fue firmada por los legisladores Mónica Urquiza, Ricardo Furlan, Liliana Martínez Allende, Ricardo Romano y Cristina Boyadjián. La Comisión de Receso debe convocar en diez días a sesión extraordinaria, por lo que consideran que el 23 de febrero podría eventualmente ser el día. Esto contando los días con tiempos administrativos.
Pero trascendió que el Gobierno ya pidió la devolución a la Legislatura de dos proyectos que fueron presentados el 2 de enero para su promulgación, ya que contó los días corridos. Desde la oposición consideran que se deben contar días hábiles administrativos y no corridos. Pero si el Gobierno publica dichas normas en el Boletín Oficial, quedarán promulgadas de hecho, y la discusión por los días pasará a un segundo plano, posiblemente en el ámbito judicial.
Entre los proyectos está el de modificación de la 1070 y 1071 con tratamiento de urgencia, está relacionado a modificar el quorum en los directorios de la Obra Social y de la Caja de Jubilaciones. El Poder Ejecutivo busca habilitar que los Directorios de esos organismos puedan sesionar con la presencia de dos de sus cuatro miembros.
En lo referente a la modificación de la leyes 735 y 834 relacionado al sistema previsional del servicio penitenciario, cambia el sistema. Estipula incrementar los años de servicio que deberán cumplir los efectivos que ingresen a posteriori de la sanción de la ley para acceder a la pasividad, llevándolos a 35 para el cuadro superior y a 30 para el cuadro subalterno.
Además el Gobierno propone crear en otra ley, el “Programa Especial de Complemento Social Provincial para beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez. Realiza un mix ya que una procentaje del haber del beneficiado es pagado por la provincia y el restante por Nación. Está vinculado al Decreto Nacional N° 432/1997”, que será de aplicación a los beneficios que otorguen a partir de la aprobación de la iniciativa, no así para aquellos que hubieran sido dispuestos al amparo de la ley provincial 389 (Régimen Unico de Pensiones Especiales). Con esto desaparecerían las tradicionales RUPE cuyo pago era afrontado enteramente por la provincia.
Finalmente otro de los proyectos sobre los cuales estos cinco legisladores buscan quitarle el trámite de urgencia, trata sobre la declaración de la “emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario”. La iniciativa contempla la contratación directa de obras por hasta 5 millones de pesos y de hasta 10 millones por licitación privada, a fin de dar “mayor dinamismo” a los procesos administrativos y respuestas “más ágiles” a la población.
