Segundo funcionario de la misma dependencia cuestionado en poco tiempo

Iniciarán un sumario administrativo para resolver la denuncia contra otro defensor público de Ushuaia

Se trata de Juan Carlos Nuñez. Fue denunciado a fines del año pasado por su superior jerárquico, el jefe de Defensores Públicos Gustavo Ariznabarreta. Lo acusan de mal desempeño por la respuesta que le dio a una mujer que acudió a la Defensoría a denunciar un abuso. La situación será resuelta por el Superior Tribunal de Justicia, después de que interviniera el Consejo de la Magistratura. Otro defensor público, Juan Carlos Assan, fue separado del cargo hace pocos días tras ser procesado por estafa.
15/02/2017
E

l Superior Tribunal de Justicia de la provincia iniciará un sumario administrativo para resolver la denuncia presentada contra el defensor oficial de Ushuaia Juan Carlos Nuñez, acusado de presunto mal desempeño por las respuestas que le brindó a una mujer que se acercó a la Defensoría Pública para exponer un caso de supuesto abuso sexual.
De este modo, ya son dos los defensores cuestionados por su labor en los últimos tiempos, ya que la misma Corte acaba de suspender de su cargo al defensor Juan Carlos Assan, luego de que la jueza María Cristina Barrionuevo lo procesara por estafa en una causa penal.
El caso de Nuñez se conoció a fines del año pasado pero los detalles recién fueron ventilados en las últimas horas.
La denuncia contra el funcionario judicial fue presentada nada menos que por el Jefe de Defensores Públicos (es decir, su superior jerárquico) Gustavo Ariznabarreta, ante el Consejo de la  Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y de remover a los jueces.
Fuentes judiciales confirmaron que el Consejo decidió en la última sesión remitir las actuaciones al Superior Tribunal, tras considerar que se encuentra dentro su órbita evaluar el desempeño del defensor y eventualmente tomar medidas disciplinarias o de otra índole.
Para asegurar el derecho a defensa de Nuñez, los jueces llevarán a cabo una investigación administrativa, en la que escucharán su descargo y su versión de lo acontecido, para recién después determinar los pasos a seguir.
En contra del funcionario juega el modo en que se expuso la denuncia. No es que la propia mujer afectada se dirigió a los organismos competentes, sino que Ariznabarreta se enteró de lo ocurrido, se entrevistó con la supuesta víctima y luego resolvió efectuar la presentación.
Según se investiga, la mujer se habría acercado al organismo judicial para exponer un supuesto caso de abuso, y el defensor habría minimizado la situación, incluso mencionándole que ese tipo de hechos eran “comunes” en otras jurisdicciones y no daban lugar a ningún tipo de intervención judicial.
Al parecer la señora quedó muy afectada por los comentarios del funcionario y lo comentó en otros ámbitos, hasta que finalmente el caso llegó a oídos del Jefe de Defensores, quien lo catalogó de “grave” y accionó en consecuencia.
La situación de Assan, separado del cargo en forma preventiva, explotó al conocerse el procesamiento por el presunto delito de “estafas reiteradas” que sin embargo no está firme y todavía puede ser recurrido por el involucrado.
A Assan lo acusan del incumplimiento de un contrato con la empresa  Euskal S.A. y con su presidente Gonzalo Berasategui.
La fiscalía y luego la jueza, entendieron que el defensor le compró a Euskal un terreno en el barrio “Bahía Cauquén” por 110 mil dólares, comprometiéndose a pagar un saldo en 24 cuotas de 2.641 dólares a partir de mayo de 2012, que debían depositarse en una cuenta bancaria de la compañía.
Sin embargo, el funcionario adoptó unilateralmente otra modalidad a partir de la quinta cuota, y comenzó a depositar el dinero en pesos y en una cuenta a nombre de  Berasategui, en otro banco diferente y que fue cerrada en enero de 2013. Es decir que desde esa fecha, el dinero comenzó a ser devuelto por el banco a la cuenta de Assan.
A ello se le suma el intento del defensor de escriturar el terreno en una escribanía utilizando como comprobante de pago a los talones de la cuenta cerrada.
La jueza Barrionuevo lo procesó por estafa reiterada y le trabó un embargo por $600 mil.
Cuando el pronunciamiento judicial se hizo público, el Superior Tribunal actuó de inmediato y dio a conocer la suspensión preventiva del funcionario judicial.
En cuanto a Nuñez, si bien todavía ocupa el cargo, debe someterse al sumario de la Corte y defender allí su postura para evitar un desenlace similar al de su compañero de oficina.
En ese sentido, es probable que vuelvan a convocar a la mujer que dice haber recibido las respuestas del defensor público que dieron lugar a la denuncia de su superior, a la intervención del Consejo de la Magistratura y a las actuaciones del Superior Tribunal de Justicia.

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