uego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara en contra de Tierra del Fuego y otras provincias productoras de hidrocarburos en reclamos por supuestas incorrectas liquidaciones de regalías, el Ejecutivo fueguino resolvió a comienzos de mes hacer lugar a los recursos de reconsideración presentados por las petroleras YPF y Wintershall, y dejar sin efecto los decretos 3214/11 y 3217/11 mediante los que se había intimado a las petroleras al pago de 43,3 millones de pesos.
A fines de diciembre de 2011, y en el marco del proceso “de determinación de la existencia y alcance de créditos a percibir por parte de la Provincia, con causa en la deficiente liquidación de regalías de gas natural exportado a la República de Chile, Gas Licuado de Petróleo, régimen aplicable al precio del petróleo para la liquidación de regalías y el cómputo de ciertos gastos a los fines del cálculo de regalías de gas, desde el año 2006 en adelante, la Administración del ex Gobernadora Ríos había dictado, entre otros de igual tenor, el decreto 3214 a través del cual había determinado de oficio e intimado a YPF al pago de 41,4 millones de pesos en concepto de regalías por el producido de Gas Natural exportado a la República de Chile, desde enero de 2007 a junio de 2007, y el decreto 3217, por el cual reclama por ese mismo concepto la cancelación de 1,8 millones de pesos a Wintershall.
El punto en conflicto estaba vinculado con el valor del gas que las partes pretendían se tomara en cuenta para el pago de regalías.
Como esta misma controversia ya se había suscitado en otras provincias productoras de hidrocarburos y había derivado en el inicio de procesos judiciales, desde el Ejecutivo Fueguino no se avanzó en la pretensión de cobro a la espera de la resolución de esas causas.
La existencia de fallos adversos a la postura sustentada por las provincias productoras, no dejaron otra alternativa que dejar sin efecto el pretendido cobro.
De esta manera se evitó repetir la experiencia vivida en el reclamo iniciado contra ENAP-SIPETROL, que derivó en un fallo adverso de la Corte que obligó al estado fueguino no sólo a revocar el decreto 3162/11, mediante el que pretendió cobrar a esa petrolera 1,2 millones de pesos en concepto de regalías mal liquidadas, sino también a tener que afrontar las costas del proceso.
