n auxiliar administrativo que se desempeñó en el Colegio José María Sobral de Ushuaia entre octubre de 2012 y febrero de 2014 fue condenado a dos años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y reglas de conducta por utilizar un título secundario falsificado, informaron fuentes oficiales del Poder Judicial de la provincia durante las últimas horas.
Walter Ariel Aguirre presentó el documento apócrifo para poder ingresar al escalafón docente que lo exige como un requisito indispensable, aunque la maniobra quedó al descubierto a raíz de un control efectuado por personal de Recursos Humanos del gobierno provincial.
De hecho la causa penal comenzó a raíz de la denuncia efectuada ante el Ministerio Público por la responsable de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Provincia.
Según la denunciante, Aguirre presentó ante las autoridades un título de bachiller, obtenido en la modalidad “a distancia”, supuestamente extendido por el “Instituto San Pedro Apóstol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El documento, que ostentaba algunos signos de autenticidad, le permitió acceder al puesto y comenzar a cobrar una remuneración del Estado.
De acuerdo al testimonio prestado en el caso por la subsecretaria de la Dirección de Recursos Humanos, el antecedente de la investigación fue una denuncia anónima, en la que se alertó sobre la presentación de un título secundario falso realizada por un empleado público.
A partir de entonces quedó colgado un ejemplar de ese título en la pared del organismo, con el objeto de alertar a los empleados sobre situaciones similares que pudieran aparecer.
Fue entonces cuando se advirtió que Aguirre había presentado un título de la misma institución educativa que figuraba en el documento expuesto en la oficina, lo que generó un proceso de constatación de su legajo personal.
“Ante tal situación se activaron los mecanismos tendientes a corroborar el carácter apócrifo o no del título en cuestión, a cuyo fin debieron librarse las consultas al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al representante legal del mencionado instituto educativo”, relató la funcionaria a la Justicia
Desde la CABA ratificaron el carácter apócrifo de la copia del título, y desde la institución educativa afirmaron “la falsedad del documento presentado”, además de especificarse que “el formato de la impresión no era el utilizado”, y que “ni el plan de estudios ni el título eran los que dicho instituto otorgaba. Tampoco se correspondían los sellos usados, ni las autoridades firmantes”.
Una empleada del Departamento de Títulos y Certificaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, aclaró en la causa que el personal del Área de Recursos Humanos “pudo no advertir las irregularidades a simple vista, puesto que en este caso el formato del certificado presentaba firmas y sellos que no llamaban la atención”.
De ese testimonio se infirió que de no haber mediado circunstancias externas que hicieran advertir sobre la posible presentación de títulos apócrifos por parte de postulantes, “el documento presentado por Aguirre para ingresar al escalafón docente hubiera pasado inadvertido”.
A su vez, el Director General de Recursos Humanos de la provincia, afirmó en el expediente que si bien para ingresar a la administración pública no es requisito indispensable el título secundario, “sí lo es para la incorporación al escalafón docente”, demostrándose con ello “el conocimiento y ánimo de lucro en Aguirre quien se valió de tal presentación con la finalidad de acceder a dicha categoría y percibir indebidamente una remuneración por ello”, señalaron los investigadores judiciales.
Aguirre fue hallado “autor material y penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública, en concurso ideal con uso de instrumento público falso”.
El hombre no solo recibió la condena a prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para desempeñarse en el Estado, sino que “deberá someterse a diversas reglas de conducta por el término que dure la condena, dispuesta por el Tribunal de Juicio en lo Criminal, tales como comunicar al Tribunal de Ejecución todo cambio de residencia que efectuare, y someterse al cuidado del Patronato de Liberados, además de abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas”.
El fallo del Tribunal se produjo mediante el mecanismo de omisión de debate propuesto por el Ministerio Público Fiscal, aceptado por el Jefe de Defensores Públicos Gustavo Ariznabarreta y por el propio imputado en una audiencia especial.
Los magistrados consideraron que con los elementos reunidos durante la etapa instructora, resultaba “innecesaria” la realización del debate, hallando adecuado, para el hipotético caso de recaer condena, el límite máximo de pena estimado por el Fiscal Guillermo Massimi, explicaron voceros de la Justicia.
