ldquo;Nosotros tenemos información de la Secretaría de Vivienda de Nación en las asambleas que tenemos cuatrimestralmente, y oficialmente no tenemos ninguna información de esas características, por eso me sorprende lo que publicó el diario La Nación”, respondió el titular del IPV, Luis Cárdenas, al ser consultado sobre el artículo del matutino porteño que da como un hecho que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio “pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la cancelación de pagos a los contratistas de las obras” de viviendas sociales “de manera directa por parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias”.
El artículo que lleva la firma del periodista Pablo Fernández Blanco, precisa que de ese mondo “la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón, no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro, que este año rondará los $ 19.000 millones” y que “precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se haría después de las elecciones de octubre”.
Luis Cárdenas anunció que se iba a poner de inmediato en contacto con la Secretaría de Vivienda de Nación para trata de obtener mayores precisiones sobre la información difundida por el mencionado medio. Pero más allá de ello dijo “no estar de acuerdo” con la posibilidad de que desde el Ministerio de Interior se avance en una medida de esa características. “Me parece que como organización federal de país, el Gobierno nacional no puede involucrarse o decidir sobre la política de obra pública de cada jurisdicción del país, ya que tal vez no sea coincidente con la que pretende impulsar el Gobierno nacional”.
Es más, dijo que teniendo en cuenta que existe una ley que regula el funcionamiento del Fondo Nacional de la Vivienda, con más sus decretos reglamentarios, “dudo que se avance en ese sentido”.
En el artículo en cuestión se indica que “los cambios que espera concretar el Gobierno mantienen un rol importante para las provincias en la definición de las obras, pero no en el manejo del dinero”, ya que “una vez que los fondos para pagar obras entran a las arcas provinciales, los gobernadores tienen un alto grado de discrecionalidad para definir el destino de ese dinero. Si bien hay controles de la Nación, es habitual que una provincia que enfrenta una emergencia económica o financiera use los recursos que le giró la Nación para pagar gastos corrientes antes que para cancelar una porción de las cuotas por el avance de las obras”. En sus declaraciones Radio Nacional Ushuaia, Cárdenas negó de plano que en Tierra del Fuego se verifique esa situación. “En nuestro caso tenemos una auditoría anual y esa auditoría nunca observó nada de eso”. Es más, dijo que “se nos califica muy bien a nivel país, tanto en los financiero como en lo técnico. Es decir, no tenemos malos hábitos de usar fondos para la vivienda para otros destino, y esto esta corroborado pero esas auditorias de Nación”, precisó.
De todas maneras se manifestó de acuerdo “con que haya un estricto control de los recursos para vivienda porque a nivel país tenemos un déficit de vivienda de alrededor de 3 a 4 millones de viviendas”.
Según el diario la Nación, la iniciativa en cuestión habría comenzado a tomar forma definitiva tras la reunión que una “una comitiva de la Cámara Argentina de la Construcción” mantuvo con “colaboradores de Frigerio y les extendió una propuesta informal, sin membrete de la entidad”. Según una fuente empresaria, el cambio que se busca implementar le da al Gobierno nacional "mayor seguridad de que las obras se ejecuten", en tanto que para “los empresarios también es un avance importante, ya que no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con las provincias para allanar el cobro”.
Esta agilización en el mecanismo de pago, a decir del Diario La Nación, tendría otros dos efectos prácticos. Evitar que el Gobierno nacional incumpla “las metas a las que se comprometió por escrito, por ejemplo, a través de la ley de presupuesto” y tener que afrontar por “la ralentización de los pagos mayores costos por el mismo paquete de viviendas”.
“Es algo que en diversas reuniones hizo notar el propio Mauricio Macri, con experiencia en el mundo de la construcción tras su paso por Iecsa y Sideco, las empresas familiares que se convirtieron en unas de las más grandes del rubro en el país. Más aún: como la compañía constructora descuenta desde el principio que el Estado (nacional o provincial) se demorará en los pagos, puede preferir ensanchar su presupuesto original para cubrir esa morosidad”, se asevera en el artículo publicado ayer.
Más allá de esa consideraciones, tal vez el verdadero objetivo que persigue con este cambio el Gobierno nacional sea el de, tal se sostiene en la publicación, “dinamizar la economía y conseguir la adhesión de los sectores más populares”, siempre tan necesarios al momento de tener que sumar votos en las elecciones.
