os concejales de Ushuaia analizarán este viernes junto a la comunidad, en el espacio de Debate Ciudadano, el proyecto de ordenanza para la creación de la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos dentro de la estructura de la Municipalidad.
La iniciativa que busca ‘empoderar’ al inquilino, generando una nueva herramienta legislativa “que lo asistan en el marco de la relación que en la mayoría de los casos es de una desigualdad pasmosa respecto del propietario o la inmobiliaria, mediante la creación de una dependencia oficial que se dedique a la defensa y patrocinio de los inquilinos en casos de conflicto, así como la difusión respecto de la normativa y los derechos y deberes que asisten a las partes dentro de la relación del alquiler”, según el proyecto presentado por Silvio Bocchicchio (ECoS).
De acuerdo a la propuesta, la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos estará encabezada por el titular, abogado designado por el Intendente municipal en acuerdo del Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo el asesoramiento legal de las personas involucradas en relaciones de locación de inmuebles para vivienda; la asistencia en instancias de mediación y conciliación voluntaria entre las partes suscriptoras de un contrato de locación; intervención ante denuncias o reclamos de inquilinos, propietarios o inmobiliarias; y la promoción de modificaciones o alternativas superadoras a las normativas vigentes en la materia.
Asimismo, la Oficina deberá dar amplia difusión a los derechos y deberes en la relación locativa de inquilinos y propietarios; brindar asesoramiento legal gratuito; iniciar y proseguir, de oficio o a petición del interesado, las acciones judiciales al respecto; contribuir a que se concreten relaciones contractuales entre locadores y locatarios en condiciones de vivienda digna; denunciar ante organismos públicos nacionales, provinciales y municipales la detección de situaciones de delito o afectación de derechos; solicitar asesoramiento de las instituciones de la sociedad civil con competencias inherentes, como la Cámara Inmobiliaria, Asociaciones de Inquilinos o Defensa al Consumidor, entre otras funciones a su cargo.
Para garantizar la habitabilidad de los inmuebles destinados a alquiler de viviendas unifamiliares, la Oficina para la Defensa de Derechos de los Inquilinos tomará como ‘estándares mínimos’, los parámetros que rigen la Edificación y Planeamiento de la ciudad, así como las normas de seguridad determinadas por el cuerpo de Bomberos. Asimismo, el proyecto de ordenanza plantea la incorporación de una línea telefónica gratuita a disposición de la Oficina, para la recepción de consultas o denuncias de propietarios e inquilinos.
El proyecto de ordenanza obtuvo predictamen de la comisión de Legislación e Interpretación, y será expuesto ante la comunidad en el espacio de Debate Ciudadano este viernes a las 13.
Intervención del Estado municipal para garantizar las condiciones de habitabilidad
El proyecto de creación de la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos surgió en el marco del debate sobre la creación del Régimen de Registro, Categorización y Habilitación de Inmuebles destinos al alquiler como vivienda unipersonal o familiar, iniciativa que semanas atrás fue expuesta ante los vecinos con la participación de las Cámaras Inmobiliarias, propietarios e inquilinos.
En esa ocasión, los propietarios de viviendas en alquiler habían advertido sobre la inviabilidad de la propuesta, al considerar que “interfiere con la propiedad privada”, ya que el articulado disponía condiciones específicas para la habilitación y categorización de inmuebles, estableciendo entre otros aspectos la obligatoriedad de inscripción; la generación de categorías; inspecciones periódicas y requisitos de habitabilidad de los inmuebles en el ámbito de la ciudad.
En Debate Ciudadano, el abogado representante de la Cámara Inmobiliaria, Claudio Fernández, había expuesto el rechazo del sector a ese proyecto. “Es mucho más viable trabajar directamente en la creación de una estructura municipal para asistir a los inquilinos que carecen de recursos para que puedan hacer valer sus derechos”, propuso, y advirtió que “este tipo de normativas donde se pretende condicionar al propietario, y obligarlo incluso en cierto modo a poner un inmueble en alquiler o no hacerlo, avanzan sobre el derecho de propiedad. En realidad el Estado debería apuntar al control”.
En ese marco, el proyecto de creación de la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos abre el debate sobre la potestad del Estado para intervenir, a fin de garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad para los vecinos no propietarios.
