ldquo;La provincia conduce por el buen camino y no tendría que tener problema para dar cumplimiento con el programa, ya que está yendo por la línea que propusimos desde el Gobierno nacional”, resaltó Caballero después de la reunión celebrada en la Casa de Gobierno fueguina, en la que también participó el ministro de Economía provincial, José Labroca.
Durante el encuentro, según la información difundida por el Ministerio de Interior el pasado viernes, dialogaron acerca del Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas que busca optimizar la gestión de la política de recursos humanos en la administración pública de la provincia, procurando la redistribución eficiente de los recursos. El Programa tiene entre sus metas alcanzar la convergencia al equilibrio primario y cumplir con los parámetros de transparencia establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Otro de sus objetivos es optimizar la gestión de la política de recursos humanos en la administración pública de las provincias, procurando la redistribución eficiente de los recursos y priorizando la reorganización interna del personal de planta permanente y de planta transitoria de todas las jurisdicciones.
Hace pocas semanas, Tierra del Fuego suscribió el Convenio de Asistencia Financiera en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, que tiene como objetivo lograr el equilibrio primario y dar cumplimiento con los parámetros de transparencia estipulados en el artículo 7º de la ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional a publicar en su página web el Presupuesto Anual, las proyecciones del Presupuesto Plurianual, a difundir información trimestral de la ejecución presupuestaria, stock de la deuda pública, y a presentar información del nivel de ocupación del sector público consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado.
Este acuerdo va en línea con los compromisos asumidos en la Carta de Intención para el Fortalecimiento del Federalismo, suscripta el 2 de agosto de 2016 entre el Gobierno Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las partes se comprometieron a adoptar las medidas que fueran necesarias con el objetivo de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal en cada jurisdicción en el año 2019 y a mejorar de manera progresiva la calidad de los servicios prestados por el Estado.
En esa Carta de Intención también se planteó mejorar la efectividad del gasto público y de la inversión pública, alcanzando una provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios, y a fortalecer la autonomía fiscal mediante el aumento de la recaudación propia.
En el documento también se menciona el mejoramiento de las estructuras tributarias a través de la reducción de los costos de los servicios a su cargo, a respetar el principio de equidad horizontal y la progresividad de los tributos y a promover el avance hacia esquemas que favorezcan el crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y el empleo.
En esa oportunidad la Nación y las provincias se comprometieron, además, a impulsar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, promover el debate de un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que complemente o reemplace el vigente, modernizar los sistemas informáticos y capacitar a los funcionarios públicos para su efectiva aplicación.
Otro de los aspectos que se acordó llevar adelante es la implementación de políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado y apoyar la gestión de inversiones a lo largo del ciclo de la inversión pública, y a elaborar y ejecutar proyectos de infraestructura que permitan aprovechar oportunidades para el desarrollo de las economías regionales y nuevos emprendimientos. En ese marco las partes se comprometieron a desarrollar políticas de transparencia y a la adopción de buenas prácticas para la contratación y administración de obras públicas e implementar herramientas de uso común que fomenten la competencia, la difusión, el control, la participación ciudadana y la eficiencia en la gestión de obras públicas.
Por otra parte se dispuso evaluar la estructura de recursos humanos, buscando optimizar la relación entre el tamaño, la idoneidad y la calidad de la planta de empleados públicos con los servicios efectivamente prestados por el Estado.
