ara que aquellos habitante de la Provincia que “requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud” puedan verse beneficiados con una tarifa gratuita en el servicio público de provisión de energía eléctrica, el bloque legislativo del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto de adhesión a la ley nacional 27. 351, que fuera sancionada por el Congreso el pasado 26 de abril.
La norma en cuestión, además de establecer para los electrodependientes por cuestiones de salud un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica, también determina que las empresas distribuidoras deban entregar “un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer” las necesidades del beneficiario del régimen.
Si bien por tratarse de una ley nacional debería tener alcance general, la norma determina la gratuidad “en el servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”, por lo invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “a adherir a la presente y reconocer la gratuidad en los componentes de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo su propia jurisdicción”, de allí que se busque a través de la adhesión hacer extensiva esa obligación tanto a la Dirección Provincial de Energía como a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.
En consonancia con la ley nacional, el proyecto del MPF crea “el Registro Provincial de Pacientes Electrodependientes”, que estará a cargo del Ministerio de Salud y que deberá ser “suministrado a la empresa prestataria de energía eléctrica a los fines” de que pueda dar cumplimiento a la prestación gratuita del servicio.
El costo económico que demande el beneficio será afrontado por el Estado Provincial, razón por la cual se contempla que el ministerio de Economía disponga “las readecuaciones presupuestarias que sean necesarias para otorgar reflejo a las acciones emergentes de la implementación de esta ley”.
Lo autores de la iniciativa reconocen que su propuesta no resulta novedosa, ya que “las provincias de Buenos Aires y La Pampa cuentan con normas similares, por lo que existe experiencia valiosa para aprovechar en la materia”, en tanto que en otras, por ejemplo Córdoba, tienen proyectos con estado parlamentario y en plena discusión.
