fin de facilitar el trámite de inscripción y posterior funcionamiento de cooperadoras escolares, el proyecto de ley que busca de establecer el régimen jurídico aplicable a esas organizaciones intermedias contemplará la adopción de un régimen que facilite el proceso de constitución, registro ante la Inspección General de Justicia y haga más sencillo su funcionamiento.
Para alcanzar ese objetivo se acordó entre legisladores y funcionarios gubernamentales crear un registro provincial de cooperadoras escolares que las habilite a funcionar como tales sin necesidad de constituirse como asociaciones civiles. Además se resolvió la Inspección General de Justicia elabore un estatuto tipo de cooperadoras para dinamizar el proceso administrativo y facilitar la tarea a los cooperadores.
El proyecto original, presentado por el Bloque del FPV- PJ, determinaba que las cooperadoras escolares debían constituirse como “entidades civiles sin fines de lucro”. Atento a que el proceso burocrático que demanda lograr la una personería jurídica de esa características resulta engorroso –lo que queda demostrado en el hecho de que en la actualidad en la provincia exista una única cooperadora escolar, la de la Escuela 3 de Ushuaia- y, por ende, desalentaba la conformación de cooperadores, se resolvió eliminar ese requisito y reemplazarlo por uno que resulte más amigable, pero que la vez garantice el adecuado control y seguimiento de las mismas.
El Ministro de Gobierno, junto con la Subsecretaria de Persona físicas y jurídicas, participó de la reunión de comisión realizada ayer. Una vez finalizado el encuentro celebró que “los Legisladores hayan sido muy receptivos a las propuestas que formulamos con la Inspección General de Justicia (IGJ) para contar con un proceso más dinámico, mediante la creación de un registro único de cooperadoras escolares, con un formato más dinámico y simple en cuanto a la inscripción, funcionamiento y fiscalización de las Cooperadoras”, ya que dijo que hasta ahora “no se había trabajado en generar herramientas para facilitarles a las cooperadores desde el Estado su constitución”.
José Luis Álvarez, precisó que en la medida que las Cooperadoras “logren un volumen de trabajo y movimiento de bienes importante, y mayor cantidad de integrantes las alentaremos a que se conformen como asociaciones civiles” lo que les permitirá acceder a beneficios tales como aportes y subsidios nacionales.
El funcionario adelantó además que hay un compromiso asumido tanto por la IGJ como por el Ministerio de Educación “para generar el hábito del trabajo cooperador y solidario en pos del crecimiento de la comunidad educativa” de Tierra del Fuego.
Por su parte, María Eugenia Chiarvetto -titular de la Subsecretaría de Persona Físicas y Jurídicas de la que depende la Inspección General de Justicia- sostuvo que más allá de la simplificación del proceso de inscripción y reconocimiento de las cooperadoras escolares, “una vez aprobada y reglamentada la ley saldremos a los colegios a capacitar a los padres que estén interesados en participar de las cooperadoras”, para que estas puedan funcionar correctamente.
Si bien la provincia cuenta desde 1987 con una ley de asociaciones cooperadores, la norma ha actuado como freno al fomento de las cooperadoras escolares por los requisitos que exigía para su constitución.
Por ello, el proyecto -que ya cuenta con mayoritario respaldo en comisión- impulsa la derogación de esa vetusta legislación y la adhesión a la ley nacional 26.759 -de cooperadoras escolares- que tiene por finalidad garantizar “la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a través de las cooperadoras escolares, como ámbito de participación de las familias en el proyecto educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas”.
