ara contar con un servicio de “primer nivel jurídico” a los fines de asesorar en todas las cuestiones que pudieran surgir vinculadas con el Derecho Público (Constitucional, Administrativo, Tributario y Ambiental) tanto nacional, como provincial y municipal, el Poder Ejecutivo Provincial resolvió contratar al estudio jurídico Cassagne.
La contratación directa fue dispuesta por un año, pudiendo ser prorrogado por igual período, por un monto total de 1,8 millones de pesos, a razón de 150 mil pesos cada 30 días por un abono de 90 horas mensuales de asesoramiento, y fue justificada “en atención a la importancia que representa el hecho de contar con un asesoramiento de primer nivel en la rama del derecho antes mencionada y respecto de los temas de importancia que surjan en la provincia” y a que “resulta indispensable contratar un Estudio Jurídico que cuente con un equipo experimentado y que pueda ofrecer en forma inmediata el asesoramiento que la Provincia necesita”.
En el decreto 1616/17, del 15 de junio, se menciona que “habiéndose investigado las ofertas existentes en el rubro, y analizados que fueran los ranking respecto de los estudios jurídicos idóneos en la materia, surge, que el mejor estudio jurídico tanto a nivel nacional como en América Latina, es la firma CASS S.R.L (Estudio Cassagne)”.
La contratación directa se dio en el marco del inciso f) del artículo 18 de la Ley Provincial N° 1015 (régimen general de contrataciones y disposiciones comunes para el sector público provincial) que contempla que “la adquisición, ejecución, conservación o restauración de obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados, que sean los únicos que
puedan llevarlas a cabo” puedan realizarse mediante esa modalidad.
Uno de los socios del estudio, Ezequiel Cassagne, fue nombrado por la empresa Correo Argentino SA como abogado de la firma en un juicio por daños y perjuicios contra el Estado por $ 2.300 millones. El abogado también integró el equipo de especialistas que convocó el Gobierno nacional para redactar el proyecto de ley de participación público privada.
