l fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, no descartó que puedan sumarse nuevas imputaciones y más personas involucradas en la causa judicial donde se investiga la falsificación y el uso de certificados médicos falsos para justificar inasistencias por parte de empleados públicos provinciales.
El Poder Judicial informó oficialmente que tras el allanamiento realizado en la vivienda de los dos acusados que tiene hasta ahora el caso (un ingeniero y una docente) donde aparecieron, entre otros elementos, más de 70 sellos de médicos, la investigación podría profundizarse.
“Debido a la cantidad e importancia de los elementos secuestrados, desde el Ministerio Público Fiscal no descartaron la ampliación de la requisitoria fiscal, respecto de las personas ya imputadas como de nuevos partícipes”, señaló un parte oficial de la Justicia.
En ese contexto, el fiscal Massimi destacó “la exitosa labor de contralor que en materia de fiscalización sanitaria se está llevando a cabo, como así también la disposición de las autoridades públicas para detectar y erradicar estos hechos de corrupción”.
Como adelantó este medio el lunes, la causa tuvo su origen en una denuncia formulada por la Directora de Medicina del Trabajo Zona Sur, dependiente del Ministerio de Salud de la de la Provincia, Mónica Zajic.
El expediente Nº 29.427, caratulado “Zajic, Susana s/denuncia”, tramita ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo.
En principio, las primeras medidas apuntaron a la presunta responsabilidad penal de los agentes del Estado Sara Lía Altamirano y Daniel Heinzmann, quienes a través de la falsificación de los certificados habrían cobrado la totalidad de sus haberes como empleado públicos, ocasionando un perjuicio al Estado provincial.
El fiscal Massimi realizó un requerimiento de instrucción donde solicitó el “inmediato allanamiento del domicilio de los imputados”, que fue donde se efectuó el secuestro de diversos elementos de interés, como “certificados médicos, sellos de profesionales de la salud y equipos informáticos”.
El procedimiento fue realizado “rápidamente por la Policía y arrojó resultados positivos”, aseveraron desde el Poder Judicial.
El ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, reafirmó ayer que el Gobierno no solo impulsó la denuncia sino que “profundizará” las actuaciones administrativas internas para dar con todos los responsables de este tipo de situaciones.
Gorbacz aseveró que en el último año se ha logrado reducir el porcentaje de ausentismo en el Estado y dijo que se trabaja en un sistema de controles domiciliarios para disminuir el riesgo de episodios como el detectado en la causa que ahora se encuentra bajo la órbita judicial.
