as extensas y permanentes gestiones encaradas por el Gobierno provincial resultaron exitosas para los fueguinos, ya que lograron que el Ejecutivo nacional modificara los alcances del decreto 751/12, que había habilitado a las productoras de hidrocarburos que operan en la Provincia a facturar con IVA las ventas de gas a la distribuidora Camuzzi, a la Dirección Provincial de Energía, Cooperativa Eléctrica de Río Grande, a las fraccionadoras de gas licuado y a otros grandes consumidores, como industrias, hoteles y centros invernales.
Con el dictado del decreto nacional 520/17 quedó en claro que “no resultará de aplicación, en lo referente al Impuesto al Valor Agregado, para las ventas de gas natural y gas licuado de petróleo -originarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur- cuyo destino final sea su provisión para consumo por parte de usuarios residenciales, comerciales, industriales o entes oficiales, con residencia o radicación, según el caso, en el mencionado ámbito provincial”.
De esta manera quedaron resueltos los reclamos administrativos que venían formulando desde 2012 las empresas perjudicadas por el 751, como así también la autorización que el ENARGAS diera el pasado 30 de marzo para que Camuzzi comenzará a cargar el IVA en la factura a los consumos residenciales de todos los fueguinos.
Si bien las actuales autoridades provinciales venían planteando ante Nación la necesidad de clarificar los alcances del decreto que el 15 de mayo de 2012 había firmado Cristina Fernández de Kirchner, fue el dictado de la resolución 4357 -mediante la que el interventor del Enargas aprobó los nuevos cuadros de distribución para Camuzzi y la autorizó a cobrar el IVA a los usuarios residenciales- lo que motivó que la Gobernadora Bertone tomara directamente cartas en el asunto ante los Ministros de Energía, Hacienda y Finanzas, como así también ante el Enargas y Camuzzi. Estas últimas derivaron en un acuerdo de partes por el cual Camuzzi se comprometió a no facturar el IVA a los consumos residenciales por un plazo de 60 días.
Resuelta esa emergencia, tanto por los efectos negativos que tendría para el bolsillo de los fueguinos como por el riesgoso precedente que el cobro del IVA representaba para la 19.640, Bertone instruyó a la Agencia de Recaudación Fueguina para que elaborara y consensuara con las áreas técnicas de Nación un proyecto modificatorio del decreto 751, que es el que en lo sustancial se terminó convirtiendo en el decreto que el presidente Macri firmó el lunes 17 de julio, y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.
| Más respaldos que críticas Ni bien dictado el famoso decreto 751/12 diversas fueron las voces que se alzaron en Tierra del Fuego para respaldar sin cortapisas la norma firmada por la ex presidente de la Nación, y muy escasa las que plantearon reparos sobre los efectos concretos que la medida podía tener en el futuro para los fueguinos. Entre los primeros se contaron desde Legisladores del Frente para la Victoria, referentes de la Cámpora (quienes aseguraron que el decreto en cuestión no afectaría ni a la población ni a las finanzas de la Provincia) hasta las máximas autoridades del Ejecutivo fueguino. Por ese entonces, la ex gobernadora Ríos restaba dramatismo a los efectos del 751 y aseguraba que ese decreto no hacía más que “poner en igualdad de condiciones a la actividad extractiva de petróleo y gas que se realiza en Tierra del Fuego con la que se realiza en cualquier otra provincia del país”. Si bien reconocía que esa determinación le implicaba a Tierra del Fuego dejar de percibir unos 60 millones de pesos al año por certificación de origen de la producción de petróleo y gas, la respaldaba abiertamente argumentando que “cuando uno tiene que administrar un régimen que le sale al pueblo argentino 3500 millones de pesos y 1000 millones se los lleva una actividad que da mano de obra a 950 trabajadores, es verdaderamente razonable que se vea cómo se rediscute esto o cómo se modifica”. “Como Gobernadora de la provincia estoy dispuesta a defender las actividades económicas relacionadas con el régimen, en tanto guarden racionalidad con los recursos que se destinan, con el trabajo que generan y con la disposición que esto hace al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente”, aseguraba el mismo día en que se conocía el decreto en cuestión. A pesar de ello, poco hizo su gestión para lograr que las petroleras comenzará a factura con IVA las ventas de gas a los grandes consumidores de Tierra del Fuego. |
