on el pleno convencimiento de que resulta indispensable compatibilizar el desarrollo humano y económico con los de conservación del medio ambiente, el Poder Ejecutivo propuso a la Legislatura modificar el área de cobertura afectada a la reserva costa atlántica, a fin de habilitar sobre ese frente costero marítimo, sectores en los que pueda realizar la explotación de minerales de tercera categoría.
Esta iniciativa busca poner fin a lo que desde el Gobierno se califica como “inacciones históricas relacionadas con la administración de los minerales de tercera categoría en el ámbito provincial, que en la actualidad representan un condicionamiento para el desarrollo territorial”, habida cuenta que “las canteras del frente marítimo costero en la ciudad de Rio Grande se encuentran en la actualidad sometidas a mandas judiciales que han sido dictadas en el marco de acciones de amparo, ordenándose el cese definitivo de la extracción de áridos en la zona costera denominada Reserva Costa Atlántica”.
En el mensaje de elevación se señala que “tal situación da cuenta de la existencia de un punto de inflexión en materia de abastecimiento de áridos”, ya que “en razón de su escasez, de su carácter vital para el desarrollo de la actividad económica, de la configuración dimensional en su distribución en el territorio y de la situación socio ambiental de la Provincia, constituye un recurso estratégico” que plantea la “urgente” necesidad de “ converger a un sistema de administración eficiente y previsible respecto de la administración del recurso árido”.
En ese marco precisa que “se hace imperiosa la búsqueda de una solución a la falta de disponibilidad de minerales categoría (áridos) y a la reestructuración de los costos logísticos y operativos que establezcan un precio competitivo de mercado, actualmente inexistente”, para los cual “resulta necesario establecer una administración adecuada sobre el mismo, en razón de lo cual este gobierno proyecta, entre otras políticas, la posibilidad de constituir un Parque Provincial de Canteras Fiscales que genere un mejor aprovechamiento de los recursos naturales en general y del árido en particular, de modo tal de contribuir a una economía más diversificada, más sustentable en términos mineros y con sinergias en materia de empleo y de bienestar, ejes primordiales para todo desarrollo”.
Se agrega que “el recurso árido es imprescindible y substancial en la generación de los basamentos que constituyen los nodos principales de la habitabilidad adecuada en términos de saneamiento y salubridad socio ambiental” y que “a los efectos del desarrollo humano de los habitantes de la Provincia, deviene indispensable generar y acompañar políticas que favorezcan la construcción socio urbana, entendiendo la importancia del medio ambiente en el marco de la construcción urbana y no sólo en términos del área de conservación”.
Se sostiene también que en 1998 con la sanción de la ley que creó la Reserva Costa Atlántica “se ha definido un polígono de protección cuasi intangible en términos de actividad antrópica que, desde entonces, no se condice con la realidad imperante, pues la misma se encuentra emplazada en un área construida y no en un sector prístino del ecosistema natural”, y que a partir de ese momento se suscitaron una serie de conflictos en relación a los alcances del uso de la costa marítima para actividades productivas, lo que “da cuenta de una problemática de múltiples aristas en la que se conjugan las cuestiones medioambientales -que fundamentaron la sanción de la Ley Provincial N° 415- y la necesidad de disponer del recurso árido para la realización de obras vitales para la Provincia”.
Para atender a esa problemática, y “en función del estado de situación planteada” se afirma que se ha dado “comienzo a la planificación de un sistema de administración integral de la temática áridos, que representa una innovación en materia de gestión pública, y que se concretará con la creación del ya mencionado Parque Provincial de Canteras Fiscales” dentro del que se incorporaban zonas de interés estratégico “dentro de las cuales quedarán definidas sub áreas susceptibles de intervención, conforme antecedentes, tanto, de extracción, como los geológicos y geomorfológicos de los que dispone la Provincia”.
El Ejecutivo precisa que como la jurisdicción minera provincial en la ciudad de Río Grande se limita al frente marítimo costero “resulta necesario modificar los límites establecidos en la Ley Provincial 415 a efectos de permitir la explotación y administración sustentable del recurso árido, indispensable para el desarrollo de la Provincia y, al mismo tiempo posibilitar la relocalización de la actividad hacia zonas de menor impacto ambiental y social”, que además mitigue los “efectos nocivos sobre las poblaciones de aves playeras, y respecto de la erosión costera y degradación estética del paisaje”.
Tal se desprende del mensaje de elevación, las áreas susceptibles de ser afectadas a la explotación de áridos surgen del trabajo denominado "extracción de áridos en la costa de Río Grande, Tierra del Fuego, informe expeditivo” realizado en 2016 por el Investigador Superior del CONICET, Geólogo Jorge Codignotto, entre las que se mencionan “el paleo acantilado que se extiende entre el Río Grande hasta Cabo Domingo”; “los depósitos en el interior de la Bahía comprendida entre cabo Peña y Punta María”; El sector comprendido entre la latitud del Cabo Domingo y la de la Estancia La Sara y entre el curso del Río Chico y la costa marina actual…”.
En el año 2015 la Legislatura ya había pretendido generar una solución al tema de la explotación de áridos en la costa atlántica, para lo cual había aprobado una ley estableciendo dentro de la Reserva Costa Atlántica, y por un plazo de 5 años, una zona de uso especial para la actividad de extracción de áridos minerales de tercera categoría, que estaba ubicada frente a la Misión Salesiana, en cercanías de la paralizada obra del Puerto de Río Grande, que fue vetada por la ex gobernadora Ríos.
