Empleados estatales condenados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia
Por no rendir más de 600 mil pesos del Hospital Regional Río Grande

Empleados estatales condenados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia

El organismo de control comprobó que en 2013 ocho empleados contables y administrativos del Hospital Regional Río Grande firmaron cheques por más de 600 mil pesos que no pudieron rendir. La investigación se inició por una denuncia del Director administrativo de dicho nosocomio. Los empleados fueron intimados a cancelar los cargos impuestos en la resolución.
30/08/2017
E

l Vocal abogado Miguel Longhitano y del Vocal Contador Julio del Val, integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvieron condenar administrativamente a ocho agentes de las áreas administrativa y contable del Hospital Regional de Río Grande por un presunto ‘perjuicio fiscal’ contra las arcas del Estado, al no rendir fondos por más de 600 mil pesos.
La investigación comenzó cuando el director administrativo del Hospital Regional Río Grande Jesús J. González Saber, tras ser designado informó se encontraba sin rendir: 4.952.886,47 pesos.
La auditoría del Tribunal de Cuentas detalla en más de ochenta páginas que, a partir del accionar de los agentes estatales del nosocomio -que ocuparon cargos de responsabilidad- “surge un daño real y efectivo de 687.199,10 pesos”.
“Ha quedado comprobado que durante el ejercicio 2013 se realizaron erogaciones por la suma de $687.199,10 que no han sido debidamente rendidas”, menciona la investigación, entendiendo así que existió un claro perjuicio a las arcas del Estado.
Por este motivo, condena a los siguientes agentes: Gimena Marisol Bilic; Patricia Estela Gómez; Vanesa Ivana Burgos y Evelyn Valeria Schipani “por resultar solidaria y patrimonialmente responsables del perjuicio fiscal por la suma de $687.199,10 más sus respectivos intereses calculados desde el 16 de marzo de 2015, hasta su efectivo pago”.
Además, condena a María Elena Corazzin “por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de $562.009,51 del perjuicio fiscal con intereses calculados al 20 de marzo de 2015”; a “Héctor Cristian Barella por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de 270.267,74 por perjuicio fiscal”; “Sandra Esther Gisser por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de $295.153,67 por perjuicio fiscal” y a Daniel Alberto Centeno “por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de $125.189,59”.
Bilic, Gómez, Corazzin, Schipani, Gisser, Barella, Uribe, Burgos y Centeno podrán interponer recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia dentro de los 30 días de notificados.
La investigación difundida por el portal Critica Sur indica que “los agentes que tienen a su cargo la obligación de rendir cuentas tienen un ‘deber de cuidado’”, el informe del Tribunal de Cuentas descarta las defensas esgrimidas por los acusados, quienes justificaron la falta de documentación respaldatoria de los fondos no rendidos a raíz de un ‘caos’ en el sector de archivos del Hospital.
“Ninguno de los acusados puede excusar su responsabilidad en una suerte de desborde o caos en el supuesto lugar de archivo de la documentación a rendir, cuando ellos son quienes tienen el deber inexcusable de dejar a resguardo los expedientes que contienen las mentadas rendiciones, junto con la documentación de respaldo, que saben perfectamente deben presentar para su rendición”, sostiene el informe.
Según sus escritos “todos sabían de dicha irregular situación”, lo que para el Tribunal de Cuentas “no hace más que responsabilizarlos solidariamente por haber omitido tomar las medidas adecuadas para el debido resguardo de la documentación”.
Bilic, Gómez, Corazzin, Schipani, Burgos Centeno ocuparon funciones jerárquicas administrativo-contables dentro del Ministerio de Salud, sin embargo “ninguno denunció durante el ejercicio de sus cargos la alegada falta de recursos, capacitación o el ahora pretendido 'agobio administrativo' que impidiese el correcto cumplimiento de los deberes y obligaciones que sobre ellos recaían”.
La Resolución detalla, asimismo, que Bilic, Gómez y Burgos firmaron cheques no rendidos por 687.199,10 pesos y que la investigación “no pudo acreditar la existencia de expedientes administrativos de contratación y mucho menos el cumplimiento de los procesos administrativos de pagos”.

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