in sobresalto ni contratiempo alguno, el Poder Ejecutivo contó con los votos necesarios para la aprobación del proyecto de presupuesto 2018.
Las manos de los integrantes del bloque oficialista y las de los de la bancada UCR-Cambiemos sumaron las 11 voluntades, más que las necesarias, para convertir en ley la norma presupuestaria.
El proyecto original, que había sido presentado a fines de agosto, debió ser adecuada a la nueva realidad económico financiera provincial, que plantea el consenso fiscal que fuera rubricado en noviembre por Nación y las Provincias.
En función de esas readecuaciones, la ley sancionada prevé recursos por 23.448 millones de pesos (50 millones más); gastos por 30.837 millones (13 millones más) y un déficit primario de 1.758 millones de pesos (470 millones menos).
Respecto del proyecto inicial, se resolvió reducir en 250 millones de pesos el presupuesto del Poder Judicial, el que pasó de 1.616 millones a 1.363 millones de pesos para el próximo año. Por el contrario, se dispuso incrementar en unos 19 millones de pesos el de la AREF y en 258 millones de pesos el monto correspondiente a transferencias a los Municipios.
La norma fijó en casi 8.300 millones de pesos las fuentes financieras para el año venidero, y en unos 660 millones de pesos la amortización de deuda.
Se mantuvo inalterable la estimación de 863 millones de pesos provenientes del Fideicomiso Austral para financiar proyecto de infraestructura, como así también la autorización de emisión de Letras del Tesoro (Letes) por hasta 700 millones de pesos para cubrir deficiencias estacionales de Caja; de colocación de bonos de consolidación de deuda de la seguridad social por hasta la suma que se obtenga de la actualización de los 208 millones de dólares reconocidos como acreencia a favor del sistema previsional. A diferencia del proyecto original que contemplaba operaciones de crédito público por hasta 200 millones de dólares para ser destinados a financiar inversiones públicas, los Legisladores acordaron autorizar al Ejecutivo a que refinancie, obviamente en mejores condiciones, la emisión de títulos públicos realizada este año por 200 millones de dólares.
El total de cargos de planta permanente y no permanente del Ejecutivo quedó en 9.508, y en 5.850 cargos y 660 mil horas cátedras el del escalafón docente. Tampoco hubo modificaciones en materia de personal en el resto de Poderes, órganos de control y organismos descentralizados.
Directamente vinculada con la cuestión presupuestaria también se aprobaron por mayoría, con el ya consabido 11-4, las reformas a la ley impositiva y al código fiscal.
Por la primera de esas normas se adecuaron, en función del consenso fiscal nacional, algunas alícuotas de Ingresos Brutos, lo que generará una mejora recaudatoria estimada en unos 168 millones de pesos. También se dispuso un aumento en las alícuotas adicionales que nutren fondos con afectación especifica –lo que derivara en una mejora de 400 millones- y la actualización del régimen simplificado sobre Ingresos Brutos –unos 18 millones de pesos más-. Todo ese paquete permitirá compensar la pérdida de recursos coparticipables nacionales producto de la modificación en materia de Impuestos a las Ganancias, impuesto al cheque y por la ley de revalúo impositivo y contable por inflación.
